Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Explica que, faltando un órgano de fiscalización política, como sucede
ahora; faltando los tribunales contencioso-administrativos y la precisión de
lo que será lo contencioso-administrativo; faltando todavía una línea muy
clara para precisar lo que son las bases de la Administración Pública y, al
mismo tiempo, dejar fuera todo lo que significa la acción económica del
Estado a través de sus empresas u otro tipo de actividad; faltando también
un concepto muy claro acerca de lo que debe ser, por ejemplo, el decreto
de insistencia y sobre las materias en que recaerá, estima que, si se dicta
un acta constitucional en estas circunstancias, la Contraloría se valdrá de
ella, como ya lo está haciendo —por eso el señor Contralor envió su
proposición contenida en un proyecto de acta constitucional—, para
aumentar sus funciones y facultades en forma tal que después será muy
difícil retroceder en estas materias. Ve aquí un peligro muy evidente.
A su modo de ver, lo primero que se debe precisar es qué se va a
hacer. ¿Estudiar normas para la nueva Constitución Política del Estado? En
tal caso, es partidario de lo expuesto aquí, especialmente por el señor Celis,
en el sentido de que tales preceptos deben ser lo más generales, precisos y
escuetos posibles. Posteriormente será posible abocarse al estudio de un
tipo de leyes muy especiales que reglamentan todo lo referente a ciertos
organismos establecidos en la Carta Fundamental. Se trata de entidades
que no pueden ser objeto de enmiendas simplemente por motivos
circunstanciales. Es imprescindible precisar todas estas materias en
disposiciones muy adecuadas; más, para ello, será previo definir qué tipo de
fiscalización política habrá, a quién le corresponderá y cuál será el ámbito
de su acción; segundo, si se crearán o no se crearán tribunales de lo
contencioso-administrativo y cuál será la esfera de su jurisdicción; tercero,
si se establecerá el decreto de insistencia y las materias en que recaerá, y
cuarto, como consecuencia de haber configurado un órgano que se llama
“Contraloría”, si, se incorporará a la Carta Fundamental el tribunal
constitucional.
En suma, hay una serie de problemas previos que impiden en este
momento delimitar con claridad una norma constitucional.
El señor ORTUZAR (Presidente) advierte que la Mesa ha entendido
que lo que en este momento se va a elaborar es la futura normativa
constitucional definitiva; porque no se ha pedido a la Comisión estudiar, en
este caso específico, un acta constitucional. Por lo demás, el criterio que
siempre ha prevalecido es considerar las disposiciones del anteproyecto de
Constitución definitiva y, cuando el Gobierno lo solicita, adecuarlas a un
acta constitucional, introduciéndole las modificaciones que requiera la
emergencia, la situación de anormalidad que se vive.
Desde ese punto de vista, le ha parecido que no hay inconveniente en
continuar el estudio de la futura normativa constitucional, porque se parte
de la base de que habrá un control político y de que existirán los tribunales
contencioso-administrativos, como que hay un proyecto elaborado por una
de las Subcomisiones, sin perjuicio de que los acuerdos a que se llegue
sobre las normas constitucionales relativas a la Contraloría puedan sufrir