Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que, en definitiva, la promulgación sería conjunta respecto de todos los
Poderes del Estado, y si se considera que, fatalmente, en un tiempo
relativamente breve, todos los preceptos y temas de que trata la
Constitución de 1925 serán vertidos en documentos denominados Actas
Constitucionales, sería atarse las manos en exceso dejar como resabio un
tema frente al cual pareciera haber una especie de temor de tocarlo.
Ha querido traer al debate, simplemente con el ánimo de reflexionar
sobre ello y pesar todos los argumentos, las ventajas que tendría el hecho
de que la Junta de Gobierno se pronunciara sobre la materia en un Acta
Constitucional, dictada por ella, afianzando todos los principios más
fundamentales que inspiran la independencia del Poder Judicial, su carácter
profesional, técnico y jerárquico, y todo lo que ha rodeado la existencia del
Poder Judicial chileno y le ha conferido prestigio. Eso representa para el
Gobierno una afirmación más fuerte de su vocación jurídica que si se
limitara a no tocar lo que estaba preexistente. De modo que es
simplemente un problema de oportunidad. Está de acuerdo en que no hay
premura alguna en hacerlo. Y como recordó el señor Presidente, si la
Comisión estuviera forzada a que fuera previo a las Actas Constitucionales
sobre los demás Poderes del Estado, pensaría que es indudablemente
inconveniente. Es posible que deba ser la última Acta Constitucional que se
promulgue, cuando el paso natural de este trabajo exigiera que todo se
vertiera en Actas Constitucionales. Pero no quiere que quede la impresión
de que la Comisión considera que esta materia no debe modificarse, tocarse
o convertirse en Acta Constitucional, y que es necesario esperar la promulgación
del texto completo de la Carta Fundamental, una vez que pueda
dictarse, pues estima que hasta entonces mediará un tiempo relativamente
largo. Cree que hay que tener un grupo coherente y organizado de normas
que signifiquen derogar definitivamente la Constitución de 1925.
El señor BERTELSEN declara que, sin perjuicio de pensar que la
promulgación de un Acta Constitucional sobre el Poder Judicial y otras
referentes a los demás Poderes Públicos, es un problema que, en definitiva,
deberá ser objeto de un pronunciamiento del Gobierno, deplora disentir de
algunas de las opiniones vertidas aquí por el señor Presidente de la Corte
Suprema y otros miembros de la Comisión. Cree que hay argumentos que
pueden ser de algún peso para elaborar un Acta relativa al Poder Judicial.
En primer lugar, aunque las enmiendas introducidas a las disposiciones
de la Constitución de 1925 referentes al Poder Judicial sean
mínimas, ellas existen y están contenidas en el decreto-ley N° 170, de
1973.
En segundo lugar, está el artículo 2° transitorio del Acta Constitucional
N° 2, el cual, sin distinguir de qué Poderes del Estado se trata,
exige reducir a Acta Constitucional, en un plazo que vence el 18 de
septiembre de este año, las modificaciones que los decretos-leyes les hayan
introducido.
En tercer lugar, hay disposiciones del Poder Judicial, de las incluidas