Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Tiene temor al acta constitucional relativa a la Contraloría, porque
estima que deberán suplir la carencia de definición que hay sobre la
constitución de los órganos políticos del país. Tendrán que reemplazar esa
fiscalización por algo, de esa manera extender en alguna medida ciertas
funciones de la Contraloría, lo que después, en la redacción final de la
nueva Constitución Política habrán de restringir.
El señor BERTELSEN considera que sin perjuicio de la conveniencia
del método utilizado anteriormente por la Comisión para trabajar en otros
aspectos constitucionales, no puede aplicarse el mismo sistema tratándose
de la Contraloría. Porque, las partes hasta ahora despachadas por la
Comisión se refieren a las materias que pueden llamarse “dogmáticas” de
un texto constitucional, como son las “Bases Esenciales de la
Institucionalidad Chilena”, vertidas en el Acta Constitucional Nº 2: como lo
es lo relativo a los “Derechos y Deberes Constitucionales”. Es decir, se trata
de las partes más permanentes de una Constitución, las cuales carecen de
incidencia o relación directa con los órganos constitucionales, o sea, con la
parte orgánica. Algo parecido —aunque es la parte orgánica— puede decirse
del Poder Judicial, que es el más independiente de todos los organismos que
actúan dentro del Estado, lo cual permite, sin mayores inconvenientes, no
obstante que los hubo, pensar en una regulación para la Constitución
definitiva; y no es necesario efectuar mayores adaptaciones. Sin embargo,
muy distinto es el caso, a su juicio, cuando se trata de la parte propiamente
orgánica de una Constitución, como es la regulación relativa a un organismo
contralor como es la Contraloría General de la República. Aquí no cabe
pensar en su regulación definitiva para el futuro texto constitucional —el
que está proyectado en Chile para cierto número de años más—, sin tener
antes en claro otro dato: lo relativo a los órganos políticos, ejecutivo y
legislativo, porque, de lo contrario caerán en una serie de vacíos muy
difíciles de suplir. En estos momentos, cree inconveniente entrar a
considerar una regulación constitucional de la Contraloría pensando que va
estar en un acta constitucional, y después de hecho eso, adaptar dicha
regulación a un texto constitucional definitivo. Considera que va a ser de tal
cuantía e importancia las modificaciones que será necesario introducir,
dados los deseos y exigencias del Gobierno —entiende que el Ministerio de
Justicia solicitó algo parecido—, que deberán abocarse directamente a un
acta constitucional, porque de lo contrario cree que tendrán que duplicar el
trabajo. Van a tener que aceptar modificaciones a la regulación
constitucional para verterla a un acta constitucional, que, a su modo de ver,
va a ser mucho más provisional que sus congéneres anteriores, porque la
Nº 2, sobre las bases institucionales, o la Nº 3, sobre derechos y deberes,
en la práctica no necesitan mayores adaptaciones; pero ésta sí que lo
requerirá, porque en este momento hay puntos que no existen. Antes de
entrar a regular los preceptos concretos que van a estar dentro de esta
nueva acta constitucional, a su juicio debe tenerse un cambio de ideas sobre
algunos puntos que ha llegado el momento de definir, como es lo relativo al
sistema contencioso-administrativo. Deben emitir un pronunciamiento, sea
posteriormente aceptado o no lo sea por el Ministerio de Justicia, sobre lo
que piensa la Comisión acerca del sistema contencioso-administrativo por
establecer en Chile, que es indudablemente una de las exigencias del Estado