Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

1294 ACTAS OFICIALES DE LA COMISION DE ESTUDIO DE LA
NUEVA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que él entiende que la
“causa legalmente sentenciada” implica la declaración de que no ha habido
buen comportamiento.
La señora BULNES estima que esa frase se aplica cuando un juez
delinque.
El señor BERTELSEN acota que en ese caso hay un mal comportamiento
no sólo funcionario, sino que delictual.
La señora BULNES reitera que es distinto, porque el mal comportamiento
tiene formas de hacerse efectivo, desde luego, mediante el
requerimiento del Presidente de la República y, segundo, cuando la Corte
Suprema, de oficio o calificando mal a un juez, lo depone; en cambio, si un
juez incurre en delito de cohecho, no hay necesidad de que sea removido
en el momento de la calificación anual, sino que se hace de inmediato.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, precisamente, por eso
es que el precepto es distinto entre la causa legalmente sentenciada y el
requerimiento del Presidente de la República a la Corte Suprema, o a
solicitud de parte interesada.
El señor DIEZ estima que, como todos están de acuerdo, la Mesa
podría traer una redacción tentativa, y si él puede hacerlo, traerá otra.
El señor ORTUZAR (Presidente) hace notar que, en todo caso, se
escucharía al Presidente de la Corte Suprema en la próxima sesión.
Enseguida, procede a dar lectura al artículo siguiente, que dice:
“El Presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte
Suprema, podrá autorizar permutas, u ordenar el traslado de los jueces o
demás funcionarios del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría”.
Explica que este inciso es prácticamente igual al que existía en el
artículo 85°, y fue trasladado ahora como inciso primero de este nuevo
artículo, sólo con la salvedad de que el traslado, además de comprender a
los jueces, puede comprender a los otros funcionarios del Poder Judicial; en
cambio, el inciso segundo sí que es nuevo y dice:
“Con todo, si tales permutas o traslados fueren acordados por la
Corte Suprema por razones de buen servicio, el Presidente de la República
deberá dictar el decreto de nombramiento respectivo. En igual forma se
procederá cuando se trate de los otros funcionarios o empleados del orden