Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

propone en el artículo 5°, anular actos de la Administración, al darle la
facultad de conocer lo contencioso de anulación, y a lo cual se referirá en
particular más adelante.
Tercero, el carácter que se pretende dar a la Contraloría, no se
compadece con la separación de las funciones del Estado, que es una de las
bases del proyecto de la nueva Constitución, pues las facultades que se
proponen entrarían a invadir el campo de atribuciones del Poder Ejecutivo y,
en cierta medida, del Poder Judicial.
Cuarto, la Contraloría es, fundamentalmente, un organismo fiscalizador,
pero esta fiscalización no es la única que se considera o debe
considerarse en la Constitución y en las leyes, por lo cual estima que esta
atribución no puede ser ilimitada, sino que debe comprender sólo algunos
aspectos de las actividades administrativas.
Quinto, le parece muy difícil, y casi imposible, organizar en el país un
servicio público con el volumen y la magnitud de atribuciones que el
proyecto pretende entregar a la Contraloría General de la República.
A continuación, expresa que hará un análisis en particular de las
disposiciones del proyecto.
A su juicio, la redacción del artículo 1° es vaga, pues si lo que se
propone es mantener las atribuciones consignadas en el inciso segundo del
actual artículo 21 de la Constitución, habría sido preferible reproducir ese
texto, mejorando su redacción, pero no elaborando una tan vaga e
imprecisa como la contenida en el artículo 1°.
El artículo 2° no se refiere a las funciones de la Contraloría, sino que
habla del Contralor, y le parece que esta materia es más propia de ley que
de una norma constitucional, por lo menos si se pretende señalar aquí las
funciones de la Contraloría.
En el artículo 3° se dice que “el Contralor dispondrá por medio de
resoluciones en los asuntos que sean de su competencia. En el caso que
fuera a petición de parte, lo hará por medio de dictámenes”. Cree que esto
no es propio de la Constitución, y ni siquiera de la ley. Considera que es
materia de reglamento, pero no puede ser incluida dentro de un precepto
constitucional.
En el artículo 4° se le dan, en primer término, plenas facultades
fiscalizadoras para velar, de oficio o a petición de parte, por la recta
aplicación del Derecho que haga la Administración del Estado, encontrándose
facultada, en consecuencia, para dirigirse a cualquier autoridad
pública y recabar de ella el cumplimiento íntegro y cabal de las normas que
rigen el cumplimiento de la organización, funcionamiento y finalidad de los
organismos públicos.
El señor DIEZ anota que se trata claramente de una fiscalización
parlamentaria.