Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

especialmente respecto de la redacción de la normativa correspondiente a
la Constitución Política del Estado.
En primer lugar, recuerda que el Ministro Director de la Oficina de
Planificación Nacional, señor Kelly, les dijo que le llamaba la atención la
palabra “centralizada” que se usa en el artículo 1°, expresión que, a su
juicio, debería ser suficientemente analizada porque podría dar origen a
dificultades, las cuales pueden producirse porque el propio Contralor
manifestó en el seno de esta Comisión que en materia de regionalización
y descentralización la Contraloría había avanzado mucho más que la
Administración Pública. Por lo tanto, estima que habiendo descentralizado
sus funciones la Contraloría, no podrían volver al concepto “centralizada”
que aparece en el artículo 1° propuesto, porque se pregunta ¿Qué
sucederá, por ejemplo, cuando se aplique la regionalización en forma
adecuada? ¿De qué manera expedirán sus resoluciones esos organismos o
servicios descentralizados, primero, y, en seguida, la Administración del
Estado, ya descentralizada? ¿Qué carácter tendrán las resoluciones del
Intendente Regional? ¿Pasarán ellas, en un momento determinado, por el
control de legalidad de la Contraloría General de la República, del jefe de
servicio o de la Dirección regionalizada de la Contraloría? ¿Qué ocurrirá
con las municipalidades sujetas al control de la Contraloría? ¿De qué
modo se ejercerá ese control, sobre todo si es preventivo?
Recuerda que se ha considerado mucho el problema de la extensión
de la Constitución, y creen que ella debe ser breve, concisa y general, y
que hay que dejar a la ley, incluso a leyes con rango constitucional, el
detalle, la normativa que diga relación a problemas importantes o
fundamentales sobre la marcha del Estado, pero que no tengan categoría
constitucional, y anota que también piensa que la Constitución debe
contener algunas bases de la Administración Pública, para saber de qué
manera se va a operar, y señalar cuáles son los organismos que tienen
que ver con ella y que actuarán, precisamente, sobre esas bases
generales.
Estima que esto, sin duda, se relaciona con la regionalización, y
para que la regionalización prospere le parece que el control debe hacerse
a posteriori, sin perjuicio de establecer esas bases en forma muy
conveniente, si hay algunas materias de resolución que necesitan el
control de legalidad.
En segundo lugar, desea referirse a algo que se ha señalado aquí y
que daría margen para ir aclarando conceptos, que es el control de
eficiencia propuesto en el artículo 7°. Cree que el control administrativo
de la Contraloría no puede abarcar ese aspecto, el cual, por las intervenciones
y observaciones hechas en esta Sala, se podrían considerar
desde dos ángulos.
Considera que esta es una materia de rango político constitucional,
y la fiscalización política le corresponde al Congreso Nacional, al órgano
legislativo que la ejercerá, precisamente, con el rango adecuado, para ver