Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

la eficiencia de un gobierno y de una administración pública; es una de las
principales funciones del Parlamento, e incluso, más allá de la elaboración
de las leyes, donde intervienen otros factores y un Poder colegislador,
otro Poder del Estado, al Congreso le corresponde esta labor de
fiscalización política, que aquí, le parece, querría ser atribuida a la
Contraloría General de la República, la que no tiene los elementos
suficientes para efectuarla a ese rango.
En cuanto al control de eficiencia de la administración, cree que
corresponde a la misma administración por intermedio de la Oficina de
Planificación Nacional, como aquí se ha establecido.
Le parece que sería sumamente perturbador para la administración
y para el gobierno del Estado establecer estas funciones de control de
eficiencia por un organismo del tipo de la Contraloría General, porque
abarcaría aspectos de tipo político o aspectos que significaría trabas
administrativas que harían, quizás, totalmente ineficientes las funciones
encomendadas en estos aspectos a otros organismos que pueden
ejercerlas con la eficiencia del caso.
Finalmente, expresa que les ha llamado la atención, también, la
disposición referente al sistema contencioso-administrativo de anulación,
que les parece es, tal vez, el tema más importante que se establece en
esta normativa que se les propone, y cree que en este aspecto habría que
considerar algunos casos, aunque no quiere adelantar un juicio, sino
someter a la consideración de los presentes algunos aspectos que es
necesario resolver en esta materia.
Expresa que es cierto que se está estudiando en este momento la
posibilidad de que lo contencioso-administrativo sea de la competencia de
tribunales, y también se ha pensado que el país, dada su situación, no
podría darse el lujo de crear tribunales especiales para cada una de las
funciones relativas a estas materias, sino que podrían ser los mismos
tribunales ordinarios de justicia; pero se encuentran con una dificultad
que a él le parece conveniente considerar, cual es que los tribunales
ordinarios no tienen experiencia alguna en este tipo de materias, y tendría
que ser creada esta experiencia para que empezara a funcionar este
régimen en una forma adecuada, aspecto que cree debe considerarse
muy detenidamente.
Agrega que, por otra parte —y este es el propósito de la proposición
del Contralor—, la Contraloría ha adquirido experiencia en estas
materias, pero su experiencia, indudablemente, no llevaría las cosas a tal
extremo de pretender reemplazar a los tribunales que tienen que resolver
estos asuntos, pues los conflictos que se suscitan aparecen ciertamente
aquí, en el texto mismo de la disposición. Porque si la Contraloría,
mediante el control de la legalidad, por cualquier causa, por haberse
dictado, por ejemplo, un decreto de insistencia por parte del Poder
Ejecutivo, en uso de su facultad de administración, por un problema que
requiere urgente solución, revé con posterioridad esta materia y procede