Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

1975, ambos inclusive, hubiesen arrojado esta pérdida que en términos
del artículo 464 le hubiesen causado su disolución anticipada, podrían
pedir la suspensión de la aplicación del artículo 464, a la
Superintendencia. Esta hace en tal caso el estudio analítico de si
realmente esa pérdida se produjo por razones inimputables a la administración
actual de la sociedad, o sea, la que está solicitando la suspensión
del artículo 464, y si esa es la conclusión se autoriza la suspensión
en su favor. Como esta situación empresarial se había alargado para
algunas empresas y permanecían en la misma situación durante el curso
del ejercicio del año 1976, a petición de la Superintendencia que dirige, se
obtuvo la dictación del decreto ley 1.579, el cual amplió en un año más el
ejercicio financiero para los efectos de poder aplicar la suspensión de la
aplicación del artículo 464. Esta resolución que dieta la Superintendencia
también tiene el trámite de “toma de razón”.
La otra situación, que está regida por el decreto ley Nº 1.091, se
refiere a la rehabilitación de aquellas sociedades anónimas que, antes de
la dictación del decreto ley 231, quedaban automáticamente disueltas al
aplicárseles el artículo 464 del Código de Comercio, como consecuencia
de haber aprobado su balance con 50% de pérdida. A ellas se les dio una
posibilidad de rehabilitarse, siempre y cuando el proceso de liquidación de
sus bienes no hubiese sido finiquitado, y de que con las utilidades que
hubiera podido generar la continuación del giro no obstante estar en
liquidación o la venta de su activo, hubieran podido superar ese margen
del 50%; vale decir, haber llegado a un 49,9% de pérdida y no al 50,01.
Y además que los organismos competentes la declararan de interés
nacional. En realidad, agrega, esto se gestó a través de un decreto ley del
Ministerio de Minería, para el caso específico de la mina “Delirio de
Punitaqui”. Era una empresa que seguía funcionando y estaba en
condiciones de seguir adelante. Lo mismo sucedió en otros dos casos, uno
a través del Ministerio de Agricultura y el otro a través del Ministerio de
Economía.
El señor IBAÑEZ (Superintendente de Bancos) expresa que desea
haber presente que hay dos grandes empresas del Estado —el Banco
Central de Chile y el Banco del Estado de Chile— que por su carácter
bancario no están sometidas hoy día al control y fiscalización de la
Contraloría, sino que por disposición de sus respectivas leyes orgánicas,
están sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. O
sea, estas dos empresas, por lo menos, están exclusivamente entregadas
a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.
El señor ORTUZAR (Presidente) agradece a los señores
superintendentes la gentileza que han tenido al concurrir a esta sesión.
Agrega que, sus observaciones han sido muy útiles y van a constituir un
aporte valioso para las decisiones que la Comisión adopte en definitiva.
— Se suspende la sesión.
— Se retiran de la Sala los señores Ibáñez y Guzmán.