Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

declarara que la ley está derogada, por uno, dos o tres fallos que se
pueden provocar al mes de haberse dictado la ley? ¿Qué sucede con ese
Ejecutivo que tiene mayoría en el Congreso y que normalmente va a poder
modificar la Constitución frente a eso? Supone que, primero, deroga las
facultades de la Corte Suprema, y, al hacerlo, va a arrastrar con todo, con
la inconstitucionalidad y, en la pasión política, con la inaplicabilidad, y en
vez de establecer la supremacía de la Constitución va a establecer la
supremacía del Poder Constituyente; es decir, la supremacía del Congreso
y el Ejecutivo.
En cuanto al argumento de que en Estados Unidos existe ese
sistema, dice que no tiene un estudio completo sobre la legislación
comparada, pero debe decir que los países donde generalmente existe son
los federales, en los que la Corte Suprema tiene una actuación absolutamente
distinta, porque lo que declara es la inaplicabilidad de la ley de
los Estados frente a la Constitución, que es el pacto federal. Añade que
cuando hay pacto —en Alemania Federal y los Estados Unidos de
Norteamérica— evidentemente que un recurso ante los tribunales resulta
eminente e imprescindible, ya que la Corte Suprema es la garantía del
pacto; los Estados no se pueden “arrancar” en contra del pacto ni tampoco
la máquina federal puede violar la independencia de los Estados frente al
pacto; ahí se necesita un recurso de inconstitucionalidad, y esa ha sido la
razón fundamental por la cual nació en Estados Unidos de Norteamérica el
recurso de inconstitucionalidad y por qué existe en Alemania Federal y por
qué existe en Suiza; pero en un país unitario, de unidad de legislación, no
tiene ni la justificación ni la explicación que tiene en los países de
constitución federativa o confederativa. De manera que la experiencia que
se conoce de la inconstitucionalidad de la ley está en relación a otro cuadro
político y a otro cuadro de organización del Estado. Piensa que en un
estado unitario, de vida política activa, donde ha funcionado bien, no hay
por qué cambiarlo; si no hubiere funcionado estaría por cambiarlo, pero ha
funcionado bien, con molestias para la Corte Suprema, que ha tenido que
dictar cuarenta fallos, pero la verdad de las cosas es que la gente ha tenido
el amparo para imponer la supremacía de la Constitución, y en el hecho no
se ha producido el conflicto, aunque resultaría intelectualmente lógico que
la mera declaración de inaplicabilidad produjera el conflicto el que no se
produce porque la mera declaración de inaplicabilidad de un caso particular
no constituye noticia política. Pero la declaración de institucionalidad de
una ley por el tribunal pleno, que tiene la facultad de derogar la ley,
constituye noticia política y constituye problema político. Estima que lo
lógico en un sistema en que se suponen Poderes Ejecutivo y Legislativo
colegisladores razonables, que respeten esta disposición y que no causen
problemas, es que esos mismos poderes, frente a una declaración de
inaplicabilidad, inicien el estudio de la disposición legal, como muchas
veces se hizo en el pasado, después de una resolución de la Corte
Suprema, sin que se produjera ni siquiera debate público al respecto, lo
que ocurrió —el señor Presidente lo puede confirmar— en uno o dos casos
que tiene en la memoria, y de ellos uno corresponde a una ley de
desahucio, a una ley de arrendamiento, en que el Congreso
inmediatamente revisó la ley después del recurso de inaplicabilidad fallado