Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor DIEZ expresa que no tiene inconveniente alguno en repetir
los argumentos que le llevan a sostener, cada vez con mayor firmeza, la
inconveniencia de establecer el recurso de inconstitucionalidad
propiamente tal.
El primer argumento es que durante muchos años han tenido el
recurso de inaplicabilidad, el cual ha funcionado y ha protegido a los
gobernados frente a los excesos del Estado, sin debilidad. Y la Corte ha
tenido, en la aplicación de dicho recurso, bastante firmeza e independencia
para declarar qué leyes son inaplicables por ser contrarias a la
Constitución.
Por otra parte, la aplicación del recurso, tal como está en nuestro
texto constitucional, no ha producido problemas políticos de importancia
alguna. No recuerda que frente a una sentencia que declarara inaplicable
un precepto legal se haya planteado alguna vez, en el Congreso, una
querella de Poderes entre el Legislativo y el Judicial.
Cree que no es conveniente modificar las cosas que han funcionado
bien. Y tampoco es conveniente romper en esta parte el equilibrio de los
Poderes, que por un lado ha afirmado la competencia de la Corte para
juzgar los casos —aún para declarar inaplicable la ley, cumpliendo el
mandato del artículo 80 de la Constitución, sin la limitación de la ley,
porque está la facultad del artículo 86— y, por otro lado, tienen la
autonomía e independencia del Poder Legislativo
Teme transformar el recurso de inaplicabilidad en uno de
inconstitucionalidad, por razones que no son de tanto peso. Porque, se
pregunta, ¿cuáles son las razones que se han oído para hacerlo? Con todas
las reservas que se quiera —con tres fallos uniformes tomados por el
pleno, sin fallos contradictorios— y con cualquier garantía que se pueda
dar, ¿qué significa el cambio? En primer lugar, menos trabajo para la Corte
Suprema; en segundo lugar, menos trabajo para los abogados, porque no
tienen que estar planteando en cada oportunidad el recurso de
inaplicabilidad; y menos gastos para el erario y para las partes. Esos son
los argumentos para establecer el recurso de inconstitucionalidad. Pero,
por otra parte, agrega el señor Díez, tienen algo que es muy importante y
difícil de precisar a priori: la estabilidad de la posibilidad de que la Corte
Suprema tenga la facultad de la inaplicabilidad. Como conoce el
apasionamiento de la vida política chilena —está seguro de que las
personas que tienen experiencia en el Congreso pueden pensar igual que
él—, teme mucho, si se dicta una disposición legal determinada, que sea
dudosa y en la cual están de acuerdo el Ejecutivo y el Congreso, lo que
sucedería si la Corte Suprema la declara inconstitucional por tres veces
consecutivas y deroga la ley respectiva, la cual ha costado una lucha
política importante al Ejecutivo y a la mayoría. ¿Cuál es la tendencia de ese
Congreso y ese Ejecutivo? Evitar que esto vuelva a suceder. Y se va a
iniciar, públicamente o subrepticiamente, una campaña para desconocer
esta supremacía constitucional que corresponde a la Corte Suprema,
pudiendo terminar en una crisis con el desaparecimiento de una institución
que ha funcionado, como es el recurso de inaplicabilidad.