Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

en cuanto a la racionalización de la Administración Pública.
Ese control de rendimiento dio muy buen resultado. O sea, no se
trataba de ir a los servicios a efectuar un “arqueo de caja” —ver si los
funcionarios cumplían los horarios, etcétera—, sino de medir un trabajo:
medir cuáles habían sido los propósitos y cuáles los resultados, no en
cuanto a resultados en sí mismos, sino en cuanto a determinar si estaban
de acuerdo con la inversión que se había hecho.
A poco andar en este Gobierno, cuando se dieron facultades nuevas
a la Contraloría, se amplió el ámbito de acción. Y, cuando se comenzó a
usar, respecto del control financiero, el sistema de auditoría operativa, que
va un poco más allá de lo que es la revisión física de documentos o de
simples hechos, se avanzó un paso.
La Contraloría participó en la elaboración de la Ley de Administración
Financiera, que corresponde al decreto ley Nº 1.263. Y la finalidad es
precisamente ésa: llegar por la vía de la contabilidad, por la vía del
presupuesto, por la vía de la inversión de los fondos, a un análisis sobre el
rendimiento. Y es así como, tocante al balance de la nación que se presenta
todos los años en el mes de abril, hoy se está en condiciones de entregarlo
en febrero.
Es posible hacer un análisis cuantitativo en cuanto a lo que significa
la inversión. Pero no lo es —Contraloría carece de facultad en este
sentido— tener un pronunciamiento previo acerca de la eficacia. Y, en
realidad, es algo que la gente muchas veces se pregunta: ¿Por qué la
Contraloría tomó razón de un decreto que a su juicio era inconveniente, no
era oportuno? O sea, por qué el organismo contralor permitió provocar un
trastorno que pudo prever. Porque no se tiene un control de oportunidad o
de conveniencia. Sí se puede señalarlo por el resultado, pero mirado desde
el punto de vista financiero.
El señor ORTUZAR (Presidente) consulta al señor Humeres cuándo
podría la Comisión tener el nuevo anteproyecto que enviaría.
El señor HUMERES (Contralor General de la República) dice que a
fines de esta semana.
El señor GUZMAN consulta al señor Contralor respecto del problema
de los decretos de insistencia.
Cree que todos comparten la opinión de que el decreto de insistencia
se desvirtuó en su sentido original, fruto básicamente de que se distorsionó
el mecanismo complementario que tenía, que era el de la acusación
constitucional o juicio político.
Ahora, lo que no queda claro es cómo ve el señor Contralor la más
adecuada corrección global de este aspecto. Porque puede enfocarse el
problema más bien tendiendo a eliminar la posibilidad del decreto de
insistencia de algunos casos y de algunas situaciones, que es la fórmula