Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

naturalmente a los personeros de CONARA y ODEPLAN, el campo de
acción de la Contraloría en cuanto a sus plenas potestades fiscalizadoras,
es decir, en cuanto a qué órganos estarán sujetos a tales potestades
fiscalizadoras. Como lo señaló en la última sesión, considera fundamental
saber si tan amplio control también se referirá a las entidades
descentralizadas, autónomas o independientes del Estado, que en este
momento están sufriendo una modificación integral y cuya nueva
normativa se conocerá seguramente en la sesión venidera. Sería conveniente
dejar bien precisada esta materia, ya que, no obstante ser la
proposición actual mucho más resumida que la anterior, ahora el señor
Contralor estima que la Contraloría tendría plena potestad sobre todos los
órganos de la Administración del Estado y aquellos que determinen las
leyes. Le agradaría que en la Constitución, y no en las leyes, se precisara
la órbita de acción definida de la Contraloría en esta materia.
Coincide con el señor Bertelsen en el sentido de estimar
absolutamente inconveniente configurar lo contencioso de anulación como
facultad a posteriori del órgano contralor. El ordenamiento jurídico que
regía esta materia en la Constitución de 1925 estaba regulado por dos
principios bien claros: el control de la constitucionalidad de la ley estaba
entregado, por medio del recurso de inaplicabilidad, a la Corte Suprema,
y el control de la legalidad de la Administración, a los Tribunales de lo
contencioso-administrativo. Es evidente que éste era el “juego” que al
respecto dispuso la Carta de 1925. Otra cosa es que tales tribunales
nunca se crearon; pero la norma ideal creada por el constituyente de
1925 fue ésa. Por lo tanto, todo estaba encauzado y dirigido a hacer
posible que este control se realizara a través de organismos de
jurisdicción, como lo sostuvo el señor Bertelsen, porque es lógico que la
Administración, el Gobierno y la Administración Interior del Estado, deben
ser objeto de control por parte de un organismo que constituya casi un
Poder del Estado. Es inadmisible, a su juicio, dejar entregada la valoración
de los actos de la Administración y del Gobierno únicamente al criterio de
un funcionario, por muy alta que sea su representación.
Considera que éste es el punto más delicado que tendrán que
tratar, porque está consciente de que, por lo que se les ha dicho y por lo
conversado aquí, no habría todavía una posición definida del Gobierno en
cuanto a la necesidad de ir a la creación de textos jurídicos que permitan
la estructuración de un sistema de lo contencioso-administrativo.
A su modo de ver —y esto dicho en la Comisión, por cierto— es un
error impedir que ello pueda llevarse a cabo alguna vez en Chile. La
verdad de las cosas es que son tantas las intervenciones de la Administración
Pública que es lógico que incurra en numerosísimos agravios a
los derechos de los particulares. Hoy día, prácticamente, los particulares
no tienen dónde ocurrir para hacer valer sus derechos.
Asimismo, hay otros temas que tendrán que ir viendo en el curso
del debate. En general, éstas serían las observaciones que, a manera de
aproximación, le merece la proposición del señor Contralor, que es