Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

constitucionalidad de la ley, del decreto promulgatorio de la ley o
promulgatorio de la Constitución, ésta no sería materia de la resolución del
tribunal. La Contraloría no es un tribunal de resolución de conflictos. Le
parece que en ese caso, como lo ha dicho el señor Presidente, debería irse a
un Tribunal Constitucional para que resuelva cuál de los dos delegatorios del
ejercicio de la soberanía —el Legislativo o el Ejecutivo— tiene la razón. En
consecuencia, habría que apelar a un órgano jurídico de este tipo.
El otro aspecto sería el del control de mérito, o de eficiencia o de
resultado. A su juicio, este control de mérito, dada la naturaleza de nuestra
Contraloría, es sumamente peligroso, porque puede producir como
resultado la paralización de los servicios públicos, máxime si se considera
que uno de los defectos de la Contraloría consiste en que ella está formada
en gran parte por elementos que nunca han sido funcionarios de la
administración activa por lo cual no están acostumbrados a la
administración de los servicios públicos para obtener resultados de ellos.
Por lo demás, agrega, esa facultad no la ha tenido jamás la Contraloría,
salvo en este último decreto ley donde con una interpretación muy
finalista puede deducirse de que él constituye una autorización de
calificación de mérito.
El señor BERTELSEN señala que el señor Ministro de Hacienda,
cuando concurrió invitado a la Comisión, aclaró que el sentido que le
atribuía el Contralor no era el que tenía presente el Gobierno al promulgar
dicho decreto ley, y señaló que, con su dictación se pretendía introducir una
nueva técnica de control contable, como la auditoria operativa, pero no un
control de mérito como el que el Contralor General de la República deducía
de ese texto legal.
La señora BULNES manifiesta que es efectivo que el señor Ministro de
Hacienda puso énfasis en ese punto. Pero conviene recordar también que
tanto el propio Contralor como el Presidente del Consejo de Defensa del
Estado manifestaron que la interpretación de la Contraloría General era
otra, y que, al parecer, ésta había formado comisiones destinadas a estudiar
la aplicación del control de mérito. En consecuencia, una cosa es la
interpretación del señor Ministro y otra distinta es que el problema se viene
encima, porque si en un momento dado la Contraloría elabora un informe al
respecto y sus indicaciones se ponen en práctica, el problema se va a
suscitar.
Agrega que tal vez sería interesante que esta Comisión elaborara
sobre el punto un informe donde se hicieran presentes al Gobierno las
opiniones vertidas en esta sala respecto del control de mérito. Porque si
está en debate su posible aplicación, constituiría un valioso aporte darle a
conocer nuestro criterio sobre el particular.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que quizás podrían enviarlo en
su oportunidad, por intermedio de la señorita Ministro de Justicia; porque
hacer presente una opinión en forma espontánea, sin que se las hayan
solicitado, podría no estar dentro de sus facultades. Pero si elaboran un