Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

necesariamente con la Contraloría. De manera que, recalca, nunca ha dicho
lo contrario, que no haya que considerar al resto de los organismos
constitucionales, pues hay que tener esa visión general antes de entrar a
estudiar la Contraloría.
En lo que no está de acuerdo con el señor Guzmán es en que,
después de efectuado este debate sobre los criterios o sobre los principios,
deba entrarse a redactar una preceptiva constitucional definitiva, porque, en
el caso de una institución como la Contraloría, les faltan datos que van a
hacer que esta etapa sea una pérdida parcial de tiempo, ya que tendrán que
efectuar tales modificaciones para convertir esa preceptiva en un acta
constitucional que llevarán a una duplicación de trabajo. Insiste en que en
las actas que se han hecho hasta el momento no hay diferencias tan
grandes porque las normas constitucionales son permanentes y las
garantías constitucionales también, debido a que están relacionadas con la
naturaleza humana, de modo que la adaptación no presenta tales
dificultades.
Más aún, agrega, si se parte de ese principio para redactar primero el
texto constitucional definitivo, ello significaría la negación de la utilidad de
las actas constitucionales, pues si éstas se justifican es porque todavía no
se cuenta con todos los elementos definidos para elaborar la redacción de
un texto sistemático que tienda a una Carta Fundamental, es decir, un
Código Político. En cambio, está de acuerdo en que hay que debatir los
principios y, después, entrar en lo relativo a la Contraloría General de la
República.
En eso dice discrepar del señor Presidente y compartir el criterio de la
señora Bulnes, pues cree que hay puntos que no pueden soslayar por más
tiempo. Uno de ellos de los que son claves para un Estado de Derecho: la
nulidad. El artículo 6° del Acta Constitucional Nº 2 dice que “los órganos del
Estado actúan válidamente previa investidura de sus integrantes, dentro de
su competencia y en la forma y con los requisitos que prescriba la ley”. Y en
el inciso tercero se expresan: “Todo acto en contravención a este articulo es
nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.
Cree que nadie podrá sostener que con esto se ha establecido en
Chile la nulidad de pleno derecho, pues ello llevaría a cualquier persona, en
un momento dado, a decir: “Este acto administrativo es nulo, y yo no lo
obedezco”,
Debe consagrarse, entonces, el órgano que va a declarar la nulidad. Y
no quiere en modo alguno que se prejuzgue, ni en un acta constitucional,
cuál será el órgano que en definitiva va a declarar aquélla en Chile,
Al respecto, las opciones no son muchas: o declara la nulidad la
Contraloría; o lo hacen los tribunales, ordinarios o especiales, o bien un
tribunal constitucional.
Porque concibe un acta constitucional como un paso más que se da
desde lo hoy día existente hacia una ordenación constitucional definitiva. Es