Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

gravitar en el Presupuesto, para que se provean los recursos hay que
buscar financiamiento y actuar con criterio de empresario. Esa es la línea
del Gobierno y la única tendencia definida.
FUERO JUDICIAL
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, en la sesión anterior, el
señor Presidente de la Corte Suprema propuso una disposición destinada a
resguardar y preservar el fuero judicial.
Los términos de esa indicación, que dieron lugar a un interesante
debate, son los siguientes:
“Ningún juez de letras o del trabajo, fiscal o miembro de los
Tribunales Superiores de Justicia, ni Ministro de una Corte del Trabajo,
puede ser procesado o privado de libertad” —decía “perseguido” pero
posteriormente, sujeto a un estudio de la Mesa y de la Secretaría, se
acordó suprimir esta expresión— “desde el día de su designación y mientras
no cese en el cargo, por ninguna autoridad o agente de ella, sin
autorización del tribunal pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, en el
caso de los jueces, o de la Corte Suprema en los demás, salvo que se trate
de crimen o de simple delito flagrante y sólo para ponerle de inmediato a
disposición de la Corte Suprema o de Apelaciones correspondiente. De las
resoluciones respectivas se puede apelar ante la Corte Suprema”.
A propósito de esta disposición, e incluso después de haber sido
aprobada, el señor Guzmán planteó una serie de interrogantes. En primer
término, señaló la diferencia de terminología que existía entre este
precepto que se propone y el artículo 33 de la Constitución, relativo al fuero
parlamentario, y que comenzaba diciendo que “Ningún Diputado o Senador,
desde el día de su elección, puede ser acusado, perseguido o arrestado”.
En seguida se refirió a las dudas que podía plantear la alusión a la
“Corte de Apelaciones respectiva”: si ésta debía ser, como pareció estimarlo
él u otro miembro de la Comisión, la del lugar en que había ocurrido el
hecho o la del lugar a cuya jurisdicción estaba sometido el Ministro o el juez
correspondiente.
Luego planteó el problema de si era o no menester aquí que se
reunieran los antecedentes necesarios para que hubiera lugar a una especie
de formación de causa, como en el caso de los parlamentarios; si el recurso
debía ser amplio o uno de apelación; los efectos de la autorización de la
Corte de Apelaciones, etcétera.
En cuanto al primer planteamiento, relativo a las expresiones que
usaba el artículo 33 —“acusado, perseguido o arrestado”—, se le
encomendó a la Mesa y a la Secretaría la elaboración de un estudio sobre la
materia. Sobre este particular, hay antecedentes que son bastante
interesantes y a los cuales dar lectura en la forma más somera posible.