Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En el oficio del señor Allende, —al cual ha hecho referencia el señor
Díez— sin duda lo que a él más le chocó fue que él se arrogara la facultad
de hacer juicios de mérito, porque eso evidentemente equivalía a suplantar
al Poder Judicial y erigirse él en una suerte de Poder Judicial. Pero, en
cuanto a lo que se refiere al “juicio de oportunidad”, cree que es una
materia que debe estar regida por la prudencia. No le parecería conveniente
llevar esto a un terreno excesivamente rígido. Cree que un Gobierno, por
ejemplo, si advierte una situación muy tensa desde el punto de vista social,
y piensa que dilatando 24 ó 48 horas el cumplimiento de la resolución
judicial va a poder desarrollar conversaciones o negociaciones de tipo
laboral o político que van a hacer que en 48 horas más ese fallo se pueda
cumplir sin costo de vidas o de violencia, que acarrearía el hacerlo de
inmediato, piensa que ese Presidente tiene el derecho y el deber de
proceder de esa manera y no cree que el Poder Judicial se sintiera
menoscabado en su imperio. Distinto es si por la vía de la dilación, lo que
se está haciendo en la práctica es abusar y extremar esta posibilidad que el
Ejecutivo tiene, o que cree que debe tener, para enervar el cumplimiento de
los fallos judiciales y su eficacia.
Por eso, piensa que la expresión tal cual está “deberá cumplir el
mandato judicial”, supone que debe cumplirlo en forma pronta y oportuna
para que la resolución judicial rija de manera eficaz. Si la dilación fuese
indefinida o arbitraria dejaría de ser un cumplimiento eficaz del mandato
judicial. Pero, no quisiera exagerar la disposición en términos de condenar
toda posibilidad de margen discrecional a la Autoridad Presidencial para
poder dilatar algunas horas o días en un momento determinado el
cumplimiento de una resolución judicial si razones de orden social así lo
hacen aconsejable en el deber de armonizar el mantenimiento del orden
público con el imperio de los Tribunales de Justicia.
Finalmente, piensa que han avanzado mucho al consagrar este
precepto en la Constitución y han robustecido notoriamente el imperio del
Poder Judicial, pues nadie que lea este texto dejará de reparar el que ha
sido voluntad de la Comisión Constituyente darle jerarquía y fuerza al
principio de imperio pleno que deben tener las resoluciones judiciales.
Simplemente, sus consideraciones no tienen más objeto que tratar de no
llevar las cosas demasiado lejos a fin de poder dejar dentro del precepto lo
que todos entienden como un sano criterio de buen sentido común dentro
de alguien que esté dispuesto a respetar el fondo de lo que significa el
imperio de los Tribunales de Justicia.
El señor DAMILANO (Ministro de Justicia) expresa que, en diversas
oportunidades, para dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales se
recurría a numerosos trámites, observándose en la práctica —no sólo en el
Gobierno anterior— que los Intendentes —cuando a ellos se les pedía la
fuerza pública— ordenaban ciertos trámites con los cuales comenzaba a
formarse un legajo en relación al cumplimiento del fallo. Por lo que sugiere
emplear la expresión “sin más trámite”, que tiene un significado preciso.