Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

establecer en una preceptiva constitucional la excepción con respecto a los
Ministros de la Corte Suprema, la que comparte por lo menos la mayoría de
los miembros de la Comisión, porque estimó que debería, más bien, estar
contemplada en la ley.
El señor GUZMAN manifiesta que si el principio se establece en la
Constitución no hay razón para no consignar en ella la excepción. Si se
reserva todo a la ley, también es un criterio congruente que puede
adoptarse, pero entonces no tiene sentido consagrar el precepto en la
Constitución para dejar reservada a la ley, en términos ilimitados, la
concreción del precepto, llegando incluso al extremo de que la ley podría no
concretarlo virtualmente, en absoluto, como si se dijera “Los jueces son
personalmente responsables en los casos determinados por la ley”.
Por eso, cree que deberían revisar el criterio anterior, y por lo menos
replantearse si acaso no es conveniente consagrar en la Constitución el
principio y la excepción. Si todos creen en el principio, en la excepción y en
el rango constitucional del precepto, ¿por qué van a tener temor de que
esto esté en la Constitución en forma perfectamente nítida?
El señor LORCA señala que le parece perfectamente posible que la
Comisión revise este criterio, y le hace mucha fuerza lo que ha manifestado
el señor Ovalle. Por lo tanto, cree que deberían discutir de nuevo este
punto, ya que, como muy bien lo ha sostenido el señor Guzmán, si están
estableciendo en la Constitución el principio, no ve por qué esta excepción,
que es de tanta importancia y que se refiere nada menos que a los
miembros de la Corte Suprema, no la puedan dejar contenida en la Carta.
Le parece que es perfectamente posible.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que pareciera que es consenso
unánime de los miembros de la Comisión el establecer la excepción, sea en
la ley, sea en la Constitución. Y que de ello no cabe ninguna duda porque
los Ministros de la Corte Suprema, cuando actúan integrando el Tribunal,
como cuerpo, y en materias que son propias de su decisión, no pueden,
evidentemente, quedar sujetos, el día de mañana, a una responsabilidad
por supuesto incumplimiento de las leyes que reglan el procedimiento o por
denegación o torcida administración de justicia, ya que no hay otra
instancia superior. De manera que eso es evidente.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) expresa que
esto se discutió mucho en la acusación constitucional que se entabló en
contra de don Manuel Montt: que no procedía la acusación constitucional
por un determinado fallo, o sea, porque la Corte estimaba que la ley debía
interpretarse en esta forma o en esta otra, porque le daba la razón a una
persona u otra. Eso no cabía en el juicio político. Por eso la Corte siempre
sostuvo, en las acusaciones que se han planteado después, invariablemente
en su informe que no procedía por la vía de la acusación constitucional
estar tachándole a la Corte Suprema que había fallado un asunto blanco o
negro, porque eso significaba crear un tribunal superior que estuviera
corrigiéndole a la Corte Suprema la forma en que había aplicado la ley en