Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

argumento del señor Ovalle. Sobre todo, porque el fallo del Ministro podrá
ser enmendado por la Sala o por el Pleno en el supuesto de que incurra en
alguna infracción a las leyes que reglan el proceso o en torcida
administración de justicia.
El señor GUZMAN manifiesta que, en realidad, no tiene una oposición
de principio al criterio manifestado por el señor Ovalle, principalmente
porque le encuentra mucho valor práctico.
Desde un punto de vista estrictamente teórico, lo lógico sería que,
existiendo un tribunal por encima —que en este caso es la Corte Suprema
como cuerpo—, realmente sea responsable de esos delitos, ya que puede
ser enjuiciado. La verdad es que esta excepción del articulo 324, inciso
segundo, del Código Orgánico tiene un fundamento más bien práctico —la
imposibilidad de que se materialice el procesamiento por estos delitos a los
Ministros de la Corte Suprema— que un concepto de respetar la dignidad de
los mismos, porque algún tribunal tiene que ser el supremo y a ése nadie
puede entrar a revisar cierto tipo de criterios, resoluciones o modos de
actuar. Por eso, le parece que, desde un punto de vista estrictamente
teórico, jurídico, aquí deberían ser responsables los Ministros de la Corte
Suprema, cuando actúan como tribunales unipersonales, de todos los
delitos de que lo son los jueces.
Ahora, esa razón práctica que señala el señor Ovalle le hace mucha
fuerza: el hecho de que son casos muy excepcionales, muy escasos, los que
se les entregan y, por otra parte, la circunstancia de que podrían revestir de
mayor fuerza a la dignidad de Ministro de la Corte Suprema si se le exime
en todo caso de esta posible responsabilidad.
Quiere dejar salvada su opinión, eso sí, respecto de un punto que, a
su juicio, no es materia de este debate, sino que será objeto de otra
discusión más adelante, en el sentido de que no vincula en absoluto el texto
del precepto que están aprobando con el problema de la acusación
constitucional en contra de los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia por notable abandono de sus deberes. Cree que ése es un tema que
les tiene que ocupar oportunamente y entonces tienen que definir cuál es el
alcance de la expresión “notable abandono de sus deberes”, si es que
estiman conveniente mantenerla y todo ello si, además, consideran
adecuado, que exista la institución de la acusación constitucional en contra
de 16s Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
Desea hacer la salvedad de que, a su modo de ver, se trata de dos
instituciones enteramente diferentes y cuyos efectos son completamente
distintos. Como se ha traído a colación en el debate el problema de la
acusación constitucional o “juicio político” quiere distinguirlo enteramente
de lo que están aprobando, a fin de que no haya equívocos al respecto
cuando corresponda ocuparse en el tema de la acusación constitucional.
El señor ORTUZAR (presidente) expresa que en eso hay acuerdo.
Incluso, en esa ocasión se dejó de lado, por estimarse que era un plan-