Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Tribunales respectivos, conociendo por vía de apelación, queja o reclamación,
o de algún incidente, invalidar de oficio las sentencias cuando de
los antecedentes aparezca de manifiesto que ellas adolecen de uno o más
de los vicios indicados en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil”.
Además, se repite la misma disposición del texto legal citado en cuanto a
que debe oírse sobre este aspecto a los abogados de las partes.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que le surge en este
momento una pregunta que, aunque no dice relación estricta, es más de
fondo y, a su juicio, esto sí que es interesante. ¿Es condición sine qua non
para que proceda la acción contencioso-administrativa que el acto o la
omisión sean ilegales o basta en algunos casos con que sean abusivos, o
sea, que la autoridad ejerza el poder más allá de lo prudente?
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión sobre lo contenciosoadministrativo)
contesta que las dos cosas se consideran: lo abusivo y lo
ilegal, aunque están muy cercanas para el efecto de lo administrativo.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que una autoridad puede
tener facultad para ejercer determinadas atribuciones, pero, si las ejerce
sin necesidad más allá de lo prudente, ocasionando realmente una molestia
innecesaria a un particular, puede haber actuado, desde un punto de vista
estrictamente formal, dentro de los términos de la facultad y, sin embargo,
el acto puede ser abusivo.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión sobre lo contenciosoadministrativo)
acota que incluso podría considerarse abusivo el
nombramiento de un funcionario que tiene derecho, pero que es el último
del escalafón, aún cuando ello sería ilegal. Por eso, hay una serie de
situaciones que casi se alcanzan y el tribunal, entonces, verá ese punto, ya
que queda mucho, como dijo, entregado a él.
En cuanto a la ejecución de la sentencia, los artículos 60 y siguientes,
en el Título IV, se refieren a esta materia: “Ejecutoriada la
sentencia dictada en causa contencioso-administrativa se comunicará en el
plazo de diez días” al órgano correspondiente de la Administración,
remitiendo copia autorizada de las sentencias de primera y segunda
instancia para su cumplimiento. Respecto de las sentencias que declaren la
anulación de resoluciones o de actos y que hayan sido publicadas en el
Diario Oficial, el tribunal deberá oficiar al Director de este medio para la
publicación en extracto del fallo.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) expresa que
pondría “a costa del recurrente”, porque éste es el interesado en efectuar la
publicación.
En realidad, es un problema tremendo el que se plantea a los
tribunales al hacerlos pagar al Diario Oficial por cualquier cosa, pues éstos
carecen de fondos para hacer frente a este tipo de gastos.