Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

administrativo y no la creación de tribunales administrativos.
Sin embargo, como se ha mencionado varias veces, la creación de
esos tribunales administrativos expresa que en el proyecto no se trata de
crear tales organismos, salvo como una medida excepcional, al estilo de los
jueces de menores, sino que básicamente se trata de un procedimiento
contencioso-administrativo.
Hace hincapié en que ya no se trata de una ley que va a significar un
gasto mayor para el Estado, de difícil puesta en práctica, sino que de una
ley que establece un procedimiento. Y teniendo presente, además, el
problema planteado ante los tribunales de justicia con el recurso de
protección, cuya naturaleza se está desvirtuando, y que en definitiva
vendría a formar un todo armónico con este proyecto, y dejando el recurso
de protección para casos excepcionales que no puedan ser tratados por lo
contencioso-administrativo, es que piensa que esta ley podría ser en
definitiva puesta en práctica luego, sin mayor problema. De ahí que pida
que esto sea debatido al tratar el capítulo relativo al Poder Judicial en lo
pertinente a lo contencioso-administrativo.
El señor ORTUZAR (Presidente) hace una aclaración al señor Pierry.
Efectivamente, la Subcomisión de lo contencioso-administrativo
recibió esta orientación —no “instrucción” propiamente tal— en el sentido
de que, en lo posible, aprovechara la estructura de los tribunales ordinarios
de justicia para que ellos entraran a conocer de lo contenciosoadministrativo:
el juez de letras de asiento de Corte, en primera instancia,
y una Sala o la Corte de Apelaciones respectiva, posiblemente integrada
por algunos expertos que sería facultativo llamar, etcétera. En cambio, la
Subcomisión del Poder Judicial no recibió, en este sentido, orientación
alguna. A eso se debe la aparente contradicción que hay entre las dos
preceptivas.
Cree que la solución que propone el señor Díez es tal vez la más
adecuada, porque, si se parte de la base de que se va a entregar a la
justicia ordinaria el conocimiento de lo contencioso-administrativo, hay que
decirlo expresamente; no dejar constancia en acta de que las causas civiles
comprenden lo contencioso-administrativo.
La señora BULNES destaca que con esto se vuelve a la situación
anterior a 1925, cuando se interpretaba que lo civil incluía a lo contenciosoadministrativo.
Claro que, como la norma de los tribunales administrativos
entró a jugar, tal vez sería necesario hacerlo por la vía expresa y no, como
ocurría anteriormente, en forma tácita.
El señor GUZMAN recoge la petición del señor Pierry, en el sentido de
tratar el proyecto de decreto ley cuanto antes. Le parece que la
trascendencia de esta iniciativa, en realidad, es tan grande como la de la
tarea central de la Comisión, que es la preparación de un anteproyecto de
nueva Constitución.