Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Ahora, con el artículo que están estudiando, se elevaría a rango
constitucional esta norma que les mereció siempre, por lo menos a la
Cátedra, serias dudas. Se produce aquí un problema que está íntimamente
relacionado con lo que se establezcan después en cuanto a la fiscalización
de los actos de Gobierno, y en cuanto, también, a lo que cubría
antiguamente el juicio político.
Evidentemente, y de acuerdo con la estructura primitiva de la
Constitución de 1833, que pasó después a la de 1925, los miembros del
Poder Judicial podían ser acusados ante el Congreso, ante la Cámara, y
juzgados por el Senado mediante el juicio político. Era dudoso qué era lo
que se entendía por “notable abandono de sus deberes”. Se fijó, hasta
cierto punto, una jurisprudencia con el juicio político de 1864 —cree que es
el de don Manuel Montt; no recuerda bien—, y después, con la disposición
del Código Orgánico de Tribunales y la jurisprudencia del juicio político,
quedaron eximidos de todo tipo de responsabilidad funcionaria los
miembros de la Corté Suprema.
Cree que en una buena técnica constitucional no pueden existir
autoridades que no estén sujetas a control o a responsabilidad. Y esto es lo
que no siempre se dijo aquí, es lo que se sostuvo antes y que se establece
ahora. Es decir, lo que se criticó anteriormente vendría a ser hoy día
confirmado por una norma constitucional, porque con esta disposición
vendrían a eximir a los miembros de la Corte Suprema de la posibilidad de
incurrir en este tipo de irresponsabilidad. Pero si no crean otro mecanismo,
los dejarían exentos de toda responsabilidad funcionaria. Tal cosa, a su
juicio, en vez de enaltecer al Poder Judicial, lo perjudica. Evidentemente, la
Corte Suprema está tan por encima de toda sospecha en este país —como
lo ha estado siempre—, que, en verdad, no conviene a sus integrantes
aparecer como funcionarios intocables, cuya actuación no pueda ser
revisada. En todo caso, esta disposición final debiera ser aprobada en forma
provisional respecto de la que se establezca después sobre otros
mecanismos de responsabilidad, ya sea tocante a los jueces o a los
Ministros de Estado.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que, en primer lugar,
desea explicar a la señora Bulnes el propósito o la intención que tuvo
la Comisión al aprobar el precepto.
En cuanto a la primera parte del artículo, según el cual “Los jueces
son personalmente responsables por los delitos de cohecho, la falta de
observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento,
la denegación y la torcida administración de justicia, y, en general, de toda
prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, la
Comisión se limitó a adecuar la disposición y a ponerla en concordancia con
aquella más amplia del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales.
Por lo demás, añade, esa parte no ha merecido mayores observaciones,
salvo que el artículo 84 de la Constitución de 1925 agregaba que
“la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta res-