Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

alguna en juicio de amovilidad y, consultado el texto de Ballesteros sobre la
materia, nos dice “no sabemos de alguno que haya terminado por una
sentencia condenatoria”.
Sin embargo, debo destacar un caso de prevaricación de un Juez que
alteró una sentencia variando su sentido, en que la Corte Suprema,
estableció que había prevaricación y no falsificación de instrumento público,
con lo cual se le aplicó una pena más benigna. (Gaceta 1912 - pág. 1105).
Existe otro fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que
absuelve al Juez de fallar en contra de ley expresa, señalando que es
menester que se compruebe, para que haya delito, que el Juez haya obrado
con voluntad consciente y reflexiva de delinquir (Gaceta 1901 Tomo 1 -
pág. 1457).
III
Me refiero ahora, al fuero que gozaban los parlamentarios y que se
proyecta hacer extensivo al Poder Judicial.
Durante la vigencia de la Constitución de 1833, eran las propias
ramas del parlamento quienes concedían la autorización para procesar.
Fueron notorios los abusos, ya que el espíritu de cuerpo prevalecía
sobre la justicia, de modo que era prácticamente imposible obtener la
declaración de haber lugar a la formación de causa.
Ello condujo a que en las modificaciones del año 1925 bastó poner
en discusión la supresión del fuero parlamentario en la forma que se
aplicaba, para que, por unanimidad, se resolviera privar a las Cámaras de
la injerencia en el desafuero (sesión 3 a ).
En las lecturas posteriores que se hicieron del proyecto, (sesiones 12
y 26) solamente se modificó ligeramente la redacción para permitir la
ampliación del recurso de apelación, sin que hubiera debate alguno.
Podría decirse, que las razones de orden político que justificaban el
fuero parlamentario y que sea una Corte de Apelaciones quien conozca de
la declaración de haber o no lugar a la formación de causa, no son
aplicables a los miembros del Poder Judicial.
Y, respecto a una posibilidad de persecución, con respecto a los
Magistrados, son los propios Tribunales, como lo hemos visto, quienes
determinan su culpabilidad mediante los rigurosos procesos que hemos
señalado, de modo que prácticamente es imposible que prospere una
actitud persecutoria.
En consecuencia, no hay razón a mi juicio valedera, para aprobar el
proyecto que el señor Presidente me ha enviado.
Por otra parte, si con esa disposición se desea dar un honor u
homenaje a los jueces, en mi opinión, no es aconsejable otorgar estos