Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Artículo único. El Contralor General de la República deberá presentar,
dentro del plazo de 60 días, el proyecto de Decreto Ley de la
Contraloría General de la República de Chile, en que desarrolle las normas
y principios contenidas en las disposiciones precedentes”.
Hace presente que el anteproyecto elaborado por el señor Contralor
parte de la base de que, más que de disposiciones que deban formar
parte del proyecto de Constitución Política definitivo, se trataría de un
Acta Constitucional.
El señor BERTELSEN expresa que del examen, del anteproyecto que
el señor Contralor General de la República ha hecho llegar a la Comisión,
a diferencia del antiguo proyecto de 1973, se puede concluir que,
efectivamente, en cuanto a su extensión, salvo en uno que otro precepto,
es un texto propio de una Constitución; es decir, más bien son normas
breves, no de tanto detalle, que pueden ser incluidas tanto en un texto
definitivo como en una Acta Constitucional.
En cuanto al fondo, hay algunas ideas expuestas por el Contralor
con las cuales personalmente no concuerda. La principal de ellas es la
relativa al sistema contencioso de nulidad. Es propia de un Estado de
Derecho —así lo ha señalado el artículo 6° del Acta Constitucional Nº 2—
la posibilidad de anular los actos de las autoridades que exceden la órbita
de su competencia o no actúan válidamente, es decir, con las
formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico. En esta materia, en el
actual ordenamiento jurídico chileno —más aún, en el ordenamiento que
en el futuro deba estructurarse— no cabe duda alguna en el sentido de
que, para hacer efectivas las bases de la institucionalidad chilena, es
preciso establecer un sistema que permita anular actos administrativos
dictados en forma indebida.
Personalmente cree más conveniente que el contencioso de nulidad,
como es llamado por los administrativistas, esté en manos de los
tribunales de justicia. Si se observa que el Contralor General de la República
ya interviene en forma preventiva en el control jurídico de la
Administración, mediante el trámite de toma de razón, en cierta manera
habría una duplicación de control en manos de un mismo organismo, lo
cual, como se le observó al Contralor en la pasada sesión, no deja de
resultar una anomalía jurídica. En cambio, si el control a posteriori para
examinar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos
queda radicado en manos de los tribunales de justicia, bien con una
jurisdicción especial o con tribunales ordinarios, entonces, existe la
posibilidad de un examen por otro organismo. Y son precisamente los
organismos judiciales los encargados principales de resolver todos los
problemas jurídicos. La nulidad de los actos administrativos es un
problema típicamente jurídico. No es la nulidad por falta de oportunidad,
sino la nulidad por falta de juridicidad. Si incluso la Corte Suprema, en el
ordenamiento jurídico chileno, tiene la posibilidad de declarar inaplicables
por inconstitucionales determinados preceptos de rango legal, no ve cómo