Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

típico de otras concepciones de filosofía política—, en el que las metas, así
como los plazos, son rígidos, podría entregarse la acción contralora y
evaluadora a otro ente; pero en un sistema de planificación flexible como
el que plantea la filosofía de este Gobierno, en que se tiene que ir
readecuando los planes, los programas y los proyectos a la realidad del
quehacer nacional, es imposible separar estas funciones de la labor del
sistema nacional de planificación.
Considera que, además, en el caso en que esto se apruebe así, no
sería políticamente conveniente que una persona que maneja una institución
descentralizada —independientemente de la concepción constitucional—
sea el ente crítico y evaluador de la gestión personal del Presidente
de la República, que es quien tiene la responsabilidad de dirigir al
país, y piensa que la tarea que la Contraloría General de la República ha
desempeñado tradicionalmente en cuanto a la gestión administradora,
como es la correcta interpretación de las leyes y el correcto uso de los
fondos públicos, representa el papel que le corresponde; pero, no cree
que sea conveniente —es su idea personal y, por eso, quiere dejarla expresada
con bastante claridad— que, en un sistema de Gobierno como el
que se está postulando, haya un tercer ente que tenga que decir si el
Presidente de la República es un administrador eficiente o deficiente,
porque los problemas que maneja la primera autoridad de la nación son,
evidentemente, bastante complejos.
Considera que muchas veces los gobernantes se proponen
determinadas cosas, pero acontecimientos como los que han sucedido en
estos días —grandes temporales o terremotos, en una tierra de
catástrofes y de fenómenos de la naturaleza tan frecuentes como la
nuestra— pueden anular los mejores proyectos y hacer surgir la
necesidad de reorientar recursos que primeramente se destinaron a otra
finalidad, para salir de una emergencia, por lo que, entonces, no se van a
cumplir las metas, y un representante, con una autoridad consagrada por
la Constitución, va a decir que el Presidente de la República no cumplió
los objetivos que se pretendía alcanzar de acuerdo con los planes, los
programas, etcétera, y no se ha logrado nada de eso, por lo que no hay
eficiencia en la Administración del Estado.
Cree, por eso, que el sistema de control habría que definirlo muy
claramente, porque él no es partidario, por lo menos, de que la Contraloría
se inmiscuya en la labor del sistema nacional de planificación, y tenga
la atribución de entrar a calificar la eficiencia con que la primera autoridad
de la República maneja las responsabilidades que el país le entrega.
Termina expresando que ésta es una breve síntesis de lo que les
parecen los planteamientos hechos por la Comisión y lamenta no poder
ser más explícito, pero la verdad es que estos antecedentes les llegaron el
lunes en la mañana y han tenido poco tiempo para preparar un trabajo
más acucioso. Agrega que, sin embargo, están dispuestos a ampliar estos
conceptos y a dejarlos por escrito, si así lo desea la Comisión.