Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

siempre que haya una duda grave acerca de la constitucionalidad de una
ley, pueda recurrirse al Tribunal Constitucional antes de que ella sea
promulgada, no se van a llegar a promulgar leyes flagrantemente inconstitucionales,
sobre todo leyes que atenten contra derechos fundamentales
y básicos de la Constitución. El recurso de inaplicabilidad debe
reservarse justamente para aquellas materias que por su menor
importancia o por su naturaleza más discutible desde el punto de vista
constitucional pudieran haber tenido una resolución errónea del Tribunal
Constitucional —ello si es que se da la posibilidad a la Corte Suprema de
conocer de este recurso de inaplicabilidad, no obstante existir un fallo
anterior del Tribunal Constitucional, posibilidad que no otorgaba el texto
vigente al 11 de septiembre de 1973—, o bien para el evento de que nadie
haya recurrido al Tribunal Constitucional reclamando de una eventual
inconstitucionalidad de una ley antes de su promulgación y algún particular
se ve afectado por ella con posterioridad a su promulgación y publicación.
El señor LORCA declara estar un poco confundido con lo expresado
por el señor Presidente de la Comisión, quien sostuvo que lo que se trata
de proteger aquí son las garantías fundamentales. Pero, la verdad sea
dicha, como muy bien lo ha expresado el señor Guzmán, si se parte del
acuerdo de establecer un Tribunal Constitucional, que va a resguardar todo
el proceso de constitucionalidad de la ley, estaría prácticamente de más
crear un nuevo recurso, no se justificaría, pues la proliferación de recursos
puede llevar a una situación bastante difícil, inclusive para los tribunales.
Por eso, como primera aproximación al problema, se inclina por lo
sostenido por el señor Guzmán. Cree que hay que resguardar muy bien
este proceso y dar gran jerarquía al tribunal que se va a crear para velar
por la supremacía constitucional.
El señor ORTUZAR (Presidente) aclara que al hacer su planteamiento,
no quiso señalar la posibilidad de crear un nuevo recurso, sino
de hacerlo más expedito, en el caso de que fueran afectadas las garantías
individuales.
Pero le parece muy acertada la sugerencia del señor Guzmán en
orden a que, al establecer el tribunal constitucional, se considere la
posibilidad de que el Fiscal de la Corte Suprema, velando por la majestad
de la Constitución, también pueda obtener del tribunal constitucional la
declaración de inconstitucionalidad de la ley en trámite. Es evidente que
ahí ya el riesgo disminuye enormemente.
Sin embargo, el señor Presidente de la Corte Suprema dijo algo bien
importante, que tiene la impresión de que pasó un poquito inadvertido, y
que conviene aclarar. Estima, como él, que hoy día incluso, conociendo la
Corte de Apelaciones de un recurso de protección por un acto de autoridad
basado en una disposición legal, pero contraria a la Constitución, podría el
particular que recurre de protección solicitar a la Corte Suprema la
inaplicabilidad de la ley.