Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ilegítimos, naturalmente no queridos por la Constitución. Por eso, es
absolutamente partidario de mantener, en primer lugar, el recurso en la
forma en que ha sido propuesto y mantener, además los caracteres
generales que emanan de tres fallos uniformes y consecutivos; en ningún
caso exigiría cinco, porque ahí sí que se estaría estimulando la creación de
juicios ficticios, aunque la Corte Suprema también tendrá oportunidad de
apreciar las circunstancias propias de cada juicio, y verá si existen o no
juicios ficticios. Estima que es muy difícil que esos juicios se produzcan y
es muy raro que los abogados se presten a maniobras de esa naturaleza.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que en el caso de que
existieran esos juicios, no variará el criterio de la Corte Suprema ni influirá
en ella que el requerimiento sea ficticio o no lo sea.
El señor OVALLE prosigue expresando que concuerda, desde luego,
con la acotación del señor Presidente, y expresa que por todas las
circunstancias anotadas es partidario de mantener el precepto. Hace
presente que se ha dicho que este recurso, esta atribución de la Corte
Suprema, le está entregada como tribunal de justicia, y cree que deben
aclararse los principios que el señor Díez ha puesto en duda, respecto de lo
que él mismo se contradice cuando se refiere a la necesidad de entregarle
a la Corte Suprema el conocimiento de las cuestiones constitucionales que
se promuevan durante el proceso formador de la ley, puesto que dice que
ahí es peor, porque ahí los ánimos están caldeados y no se ha producido el
decantamiento propio que es consecuencial con la aprobación del texto.
Recuerda que la Comisión pretende establecer un tribunal revestido
de la mayor respetabilidad y del máximo de prerrogativas en lo que se
refiere, no sólo a materias judiciales, sino a la defensa de la Constitución, y
ha asignado a la Corte Suprema, en diversos preceptos, atribuciones que
deslindan con esta condición de conservadora de la Constitución que se le
está otorgando, y al efecto destaca algunas atribuciones ya aprobadas en
materia de derechos humanos, sobre lo cual pregunta si se va a modificar
este criterio de que la Corte Suprema sea, en razón de su respetabilidad y
atribuciones, el último recurso de defensa de los derechos, o si se le va a
limitar exclusivamente al conocimiento de los recursos derivados de los
juicios de carácter ordinario que normalmente llegan a ella.
Estima que la Corte Suprema es, evidentemente, un tribunal de
justicia, pero, además, es una institución propia de la patria que debe ser
naturalmente aprovechada y, por lo mismo, piensa que su carácter —
aunque con esto tal vez contraríe las más íntimas convicciones de sus
miembros— excede el marco de un tribunal estrictamente destinado al
cumplimiento de las labores ordinarias de todos los magistrados de la
República; es un órgano conservador de la Constitución, y eso, en su
concepto, es extraordinariamente importante en un sistema democrático
que requiere de la existencia de estos órganos, porque si no se asigna este
papel a la Corte Suprema, tendrá que asignarse a otro tribunal, y es la
materia que debe resolverse, pero tiene que ser un tribunal, y no puede
ser un tribunal político, sino uno formado en la dura profesión de quienes