Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor ORTUZAR (Presidente) le hace presente que eso significaría
permitir que el día de mañana se pueda embargar al Fisco.
El señor CARMONA pregunta que por qué ello no podría ser factible.
El señor DIEZ adhiere a la pregunta del señor Carmona.
El señor ORTUZAR (Presidente) reconoce que se trata de un tema
bien importante.
En seguida, expresa que, para ir resolviendo por partes, primero,
acogería también la proposición formulada por el señor Bertelsen en los
términos en que la ha planteado el señor Guzmán. Estima que en esa
forma no perjudica la interpretación amplia de la Corte Suprema y satisface
el punto de vista del profesor Bertelsen. Diría: “La facultad de conocer de
las causas civiles, incluidas las contencioso-administrativas, y criminales,
sentenciarlas” —y aquí viene el segundo problema— “y hacer ejecutar lo
juzgado”.
El señor BERTELSEN concuerda plenamente con lo propuesto por el
señor Carmona: cree que no se puede incluir dentro de las normas
constitucionales una disposición tan discutible como la que existe
actualmente en materia de juicios de hacienda. Piensa, incluso, que la
frase, tal como va a quedar redactada en el artículo 80 —“La facultad de
conocer de las causas civiles, incluidas las contencioso-administrativas, y
criminales, sentenciarlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece
exclusivamente a los Tribunales establecidos por la ley”— no hay que
modificarla, porque el tribunal ordena el cumplimiento a la parte afectada
de la sentencia que le es desfavorable. Más adelante, se examinarán qué
sistemas se establecen para el cumplimiento de las sentencias contra el
Fisco.
Uno de los tipos de causas contencioso-administrativas va a ser los
recursos de nulidad contra actos de la Administración. El propio tribunal —
en definitiva, va a tener que ser la Corte Suprema en esos casos— anulará,
por ejemplo, un reglamento por ser ilegal. Eso lo cumple la Corte Suprema.
No necesita un paso posterior, para que sea la Administración o el Gobierno
el que le dé adecuado cumplimiento. Porque si no, prácticamente, lo
contencioso-administrativo quedaría también trunco si se entrega el
cumplimiento al Gobierno o al Poder Ejecutivo.
Reitera la necesidad de mantener esta frase que permite una suficiente
flexibilidad, sin atarse las manos en forma anticipada, ya que cree
que diciendo, “incluidas las contencioso-administrativas”, como se ha
aceptado, se soluciona cualquier posible duda de interpretación, en el
sentido de que la expresión “civiles” incluye lo contencioso-administrativo.
Además, se impide para el futuro extraer del conocimiento del Poder
Judicial la justicia contencioso-administrativa, porque no se podrían crear
organismos dependientes de la Administración para conocer lo contenciosoadministrativo
al aceptar la frase tal como ha quedado. Entonces, no debe
dejarse tampoco ningún cabo suelto para una posible anulación de lo