Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

deficiente por cuanto no fue posible encontrar el original en inglés. De modo
que se trata de una creación repetitiva de una organización que se venía
estableciendo a lo largo de América. Inclusive, los propios términos
“contralor” y “contraloría” son galicismos: provienen de las expresiones
francesas “controle”, “controler”. Y la expresión “contralor” tenía ciertas
connotaciones de tipo castrense y se aplicaba a un funcionario que en la
rama de artillería o en la de sanidad tomaba cuentas de ciertos aspectos,
pero el excelente diccionario de Allemany, de 1929, que era mucho más
avanzado que el de la Real Academia, no incluía el término “contralor”. Simplemente
se usaba el vocablo “control”, por lo cual debió habérsele llamado
“controlador”. Sin embargo, la palabra fue consagrada posteriormente, y
admitida en el Diccionario de la Real Academia.
La Contraloría se formó por la fusión del Tribunal de Cuentas, de la
Dirección de Contabilidad, de la Dirección de Bienes Nacionales y de la
Dirección General de Estadísticas. Estas dos últimas entidades han dejado
de integrar la Contraloría. La Dirección de Bienes Nacionales volvió a su
lugar de origen, que era el Ministerio de Tierras, y la Dirección General de
Estadísticas es en la actualidad el Instituto Nacional de Estadísticas.
FACULTADES CONSTITUCIONALES ACTUALES
El artículo 21 de la Carta Fundamental habla de “Un organismo
autónomo con el nombre de Contraloría General de la República...” Se
utiliza la palabra “autónomo”, no “independiente”. ¿Cuáles son sus
funciones? Si se hace una enumeración, se podrán encontrar siete funciones
de la Contraloría:
1) Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las
Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios que
determinen las leyes; 2) examinar y juzgar las cuentas de las personas que
tengan a su cargo bienes de esas entidades; 3) llevar la contabilidad
general de la nación; 4) desempeñar las demás funciones que le
encomienda la ley; 5) tomar razón de los decretos con fuerza de ley,
debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización
legal conferida (artículo 45, Nº 15, inciso quinto); 6) rechazar Los decretos
supremos de emergencia —que ha llamado “constitucionales” o
“financieras”— que excedan el dos por ciento del monto de los gastos que
autorice la Ley de Presupuestos (artículo 72, Nº 10), y 7) determinar el
monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas
de la Gran Minería del Cobre y a Andina y sus filiales (disposición transitoria
17, Nº 4, letra d).
Naturalmente, esa última disposición tuvo un valor ocasional,
interrumpido, pero se cumplió.
En cuanto al Nº 6, que establece: “Rechazar los decretos de emergencia
constitucional o financiera que excedan el dos por ciento...” le parece
que ésta es una materia que debe quedar entregada a lo que se decida en
relación con los decretos con fuerza de ley y los decretos supremos de
emergencia. Entonces, tendrán que depender del tratamiento que se les dé