Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

mismo que se trata del propósito u objetivo perseguido por la Contraloría en
cuanto a su consagración dentro del texto constitucional. Sea en un Acta
Constitucional, sea en la Constitución definitiva, pareciera ser que este texto
debiera cubrir todo lo relacionado con el tratamiento del organismo
contralor por el texto constitucional.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que así lo hizo presente el
señor Contralor: es sustitutivo prácticamente del texto constitucional actual.
El no ha pretendido complementario.
El señor CELIS declara que, entonces, menos entiende el porqué de la
omisión de funciones tan importantes. Porque omitir como funciones la
fiscalización de los ingresos y egresos públicos, el examen y juzgamiento de
los funcionarios que manejan fondos públicos, la toma de razón de los
decretos supremos, es inexplicable.
Enseguida, le parece que el nombramiento, la inamovilidad, la
responsabilidad, la forma de actuar del Contralor y el ejercicio de su
facultad disciplinaria deben ser sólo materia de ley. No ve fundamento
suficiente corno para consagrar estos asuntos en la Constitución.
En cuanto al control a posteriori y a la anulación de los actos
administrativos, considera gravísimo el tratamiento que se les pretende dar,
en este proyecto. Estas son materias propias de los tribunales de lo
contencioso-administrativo, porque suponen un litigio; es decir, suponen
examen de los hechos y del derecho, y un pronunciamiento jurisdiccional,
que es el fallo. En esas condiciones, obviamente, se trata de materias
extrañas a lo que por naturaleza son los poderes del Contralor.
Luego, los demás controles de que se hace mención en el proyecto —
como el control financiero-contable, el control administrativo, la eficiencia
del manejo de los recursos y la eficacia en el logro de objetivos—, en su
concepto, también deben ser materia de ley. En la Constitución están fuera
de lugar.
Y un último alcance: el proyecto no alude, como el texto actual, a los
decretos de emergencia, que sí son materia de norma constitucional.
Estas son sus observaciones fundamentales. Y, como manifestó
anteriormente, en lo genérico suscribe las opiniones del profesor señor
Guzmán Dinator.
El señor BERTELSEN pregunta al profesor Celis si, aparte de considerar
que algunas de las atribuciones incluidas en este anteproyecto no
deben tener rango constitucional, estima, además, respecto de varias de
ellas, como, por ejemplo, la del control de eficiencia o la del control
administrativo, que es inconveniente otorgarlas a la Contraloría, sea con
rango constitucional o con rango simplemente legal.
El señor CELIS (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
de Chile de Valparaíso) responde claramente que algunas si son
inconvenientes. Por ejemplo, el artículo 7° dice: “El control administrativo