Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

se pregunta ¿entiende la Contraloría que cuando ella representa por
inconstitucionalidad no habría derecho a la representación? Considera
exagerada la posición de la Contraloría, si es ese el significado del precepto
que propone, porque aún en materias constitucionales —y felizmente en
materias constitucionales, pues para eso están los constitucionalistas con
algún sentido— hay mucho debate, y la Contraloría pretende que sólo
procede el decreto de insistencia cuando su representación es por ilegalidad,
lo que quiere decir que cuando representa por inconstitucionalidad la
Contraloría es última palabra, no hay debate. Piensa que puede tener razón
el Ejecutivo y estar equivocada la Contraloría en un tema de trascendencia o
de importancia nacional, como es, por ejemplo, un decreto que pretende
enfrentar una situación urgentísima, que la Contraloría lo repara por
inconstitucionalidad, y es la última palabra. Pregunta si es eso lo que desea
la Contraloría al tenor del proyecto que les ha enviado.
Explica que el cuarto reparo concierne a que la iniciativa establece la
facultad de pronunciarse acerca de resoluciones dictadas por órganos
especiales, que sean competentes para conocer de acciones de nulidad o de
reformas de actos administrativos.
Estima que en este aspecto cabe preguntar si se refiere el artículo 5°
a que la Contraloría quiere atribuirse una especie de superintendencia
directiva y correccional sobre eventuales Tribunales Administrativos o si se
desea que la Contraloría sea una especie de Corte Suprema en lo
administrativo en Chile, porque la potestad de conocer y fallar acciones de
nulidad o de reforma de actos administrativos corresponde
conceptualmente, o debería corresponder, a Tribunales Administrativos; si
no reforma el acto administrativo la autoridad que lo dictó, si la Contraloría
no acoge una petición de reforma, debería ser un Tribunal Administrativo el
que resolviera el conflicto. Expresa que para eso quieren los Tribunales
Administrativos, y cuando habla de querer está interpretando a la gran
masa de juristas chilenos que se están preocupando de este problema
desde hace muchos años y a la propia Comisión Constituyente que, ya en
1973, dijo públicamente que iban a crearse los Tribunales Administrativos.
Pregunta si la Contraloría desea ser Corte Suprema Administrativa en lo
administrativo o en lo contencioso administrativo.
Hace saber, por último, que no le gusta el proyecto presentado por la
Contraloría General de la República, no sólo por estas apreciaciones, sino
porque estima que carece de una concepción central inspiradora, con lo cual
aparece como confuso, como inorgánico y excesivamente pretensioso en
algunas materias, como insuficiente en otras.
Expresa que, finalmente, antes de dar a conocer cuáles serían en su
concepto las ideas para un estatuto constitucional de la Contraloría hoy día,
le gustaría, sin desarrollar el tema, por cierto, señalar cuáles son los
diversos tipos de control que la doctrina y la institucionalidad chilena ha ido
desarrollando.
Sobre este aspecto, anota que se habla de un control preventivo y de
un control represivo o a posteriori; el control preventivo de actos jurídicos