Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que ese Gobierno imponga en un estado de emergencia, aún con la
mayoría de su Poder Legislativo a favor, y dentro de la tramitación de la
ley, se puede topar con una mayoría de la Corte Suprema que considere
que esa situación de emergencia no justifica el tipo de medidas adoptadas.
Añade, por otra parte, que después de la sesión anterior estuvo en
una reunión con don Julio Philippi, quien le expresó estar absolutamente de
acuerdo con la tesis que él estaba sosteniendo, pues creía que no era
conveniente modificar una situación que había funcionado bien y que no
había producido conflictos. Aclara que ha citado ese testimonio porque,
además de las razones que se han dado, la importancia de quien las
expresa tiene alguna trascendencia para los miembros de la Comisión.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que, junto con el señor
Guzmán, han sostenido la tesis contraria. El la ha sostenido sin estar
convencido, y lo dijo expresamente, con el objeto de producir una
confrontación, porque el tema es de tal trascendencia que, en realidad,
conviene hacer luz en él. ¿Cuál ha sido su punto de vista? Ha sostenido que
la nueva institucionalidad atribuye una importancia y una trascendencia
enorme al principio de la supremacía constitucional en que debe descansar
necesariamente el Estado de Derecho. Fue precisamente la violación
reiterada de la Constitución Política durante el régimen anterior lo que
condujo al caos político, social, económico, moral e institucional. Ya en el
Acta Constitucional Nº 2 han expresado este principio en diversas
disposiciones. Por ejemplo, en su artículo 3° se dice: “Las potestades
estatales y las autoridades públicas someten su acción a las Actas
Constitucionales, a la Constitución y a las leyes”. En el artículo 6° se
señala: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura de
sus integrantes dentro de su competencia y en la forma, condiciones y
requisitos que prescribe la ley”. Sólo así actúan válidamente; de otra
manera, actúan de manera inválida o ineficaz. Y agrega que “Ninguna
magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni
aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos
que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes” y que
“todo acto en contravención a este artículo es nulo”. En seguida, el artículo
7° señala: “Los preceptos de las Actas Constitucionales y de la Constitución
obligan tanto a los titulares como a los integrantes de los distintos órganos
de autoridad, como a toda persona, institución o grupo”.
En consecuencia, agrega el señor Presidente, han establecido este
principio de la supremacía constitucional, y han estimado que todo acto de
cualquiera autoridad que actúe en contra de la Carta Fundamental, es
decir, fuera de la competencia que aquélla le ha señalado, es nulo.
Entonces, le parece que este principio lleva consigo una consecuencia, y
ella no puede ser otra que la de que debe existir un órgano jurisdiccional
encargado de declarar en estos casos que el acto en que ha incurrido
determinada autoridad u órgano de poder es nulo por haber infringido la
Constitución. No sostiene que necesariamente deba ser la Corte Suprema,
porque estas inconstitucionalidades, desde luego, pueden producirse
durante la generación de la ley, durante su tramitación o después de