Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión
del empleo en sus grados mínimo a medio y multa de veinte mil a
cien mil pesos.
“Si de su omisión resultare grave daño a la causa pública o a un
tercero, las penas serán inhabilitación especial perpetua para el cargo u
oficio y multa de veinte mil a doscientos mil pesos”.
Los artículos 261 y siguientes del Código Penal se refieren al desacato.
El 261 señala: “Cometen atentado contra la autoridad:
“1° Los que sin alzarse públicamente emplean fuerza o intimidación
para alguno de los objetos señalados en los artículos 121 y 126.
“2° Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o
intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquélla o
éstos ejercieren funciones de su cargo”.
El artículo 262 dispone: “Los atentados a que se refiere el artículo
anterior serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado
medio o multa de veinte mil a cien mil pesos, siempre que concurra alguna
de las circunstancias siguientes:”, y las enumera.
Después, el artículo 263, considera desacato las injurias contra el
Presidente de la República o los parlamentarios.
En verdad, el párrafo propuesto relativo al desacato no guarda
vinculación con el delito propiamente tal de desacato, sino más bien con la
figura llamada “denegación de auxilio”.
El señor GUZMAN está en completo desacuerdo con esta indicación
que se ha formulado, porque considera que la primera parte del artículo,
que tiende a tipificar el delito de desacato, es de rango típicamente legal y
no se justifica en modo alguno en un texto constitucional.
Respecto de la segunda parte de la norma propuesta, que pretende
consagrar la facultad del tribunal para suspender al funcionario público
hasta que se ponga pronto remedio al incumplimiento o al entorpecimiento
causado, la estima inconveniente cualquiera que sea el rango que pretenda
conferírsele, porque la suspensión de un funcionario público de su cargo
puede fluir como consecuencia de la condena de que ha sido objeto como
pena accesoria. También la ley puede consagrar la suspensión transitoria
mientras se encuentra el funcionario público sometido a proceso en
determinados casos y características; pero en modo alguno el tribunal que
sustancia un proceso semejante puede tener la facultad de suspender
discrecionalmente a un funcionario público.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que podría crearse un conflicto
gravísimo entre poderes del Estado, si, por ejemplo, el afectado fuera un
Ministro de Estado.