Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

gusta por su claridad muy francesa, que es Carré de Malberg, “Teoría
General del Estado”, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, páginas
250 y siguientes, quien dice que hay tres grupos de actividades esenciales
dentro del Estado contemporáneo
1°. — El Estado tiene por fin resguardar la seguridad de la nación
frente a otros Estados;
2°. — El Estado tiene por misión, en el interior, asegurar el orden y
crear y hacer respetar la normativa jurídica en todas las relaciones sociales;
3°. — El Estado está llamado a desempeñar lo que Carré de Malberg
llama una “misión cultural” —le parece curiosa la expresión—, en virtud de
la cual ha de trabajar por sí mismo, a través de todos los medios de que
dispone, en el desarrollo de la prosperidad moral y material de la nación.
Esta idea, a su juicio, corresponde al concepto de promoción del bien común
que ha inspirado a esta Comisión y, concretamente, al Acta Constitucional
Nº 2.
Expresa el señor Evans que Carré de Malberg agrega que “en este
orden de ideas, se puede sostener que el Estado está autorizado para
abocarse todas aquellas atribuciones que respondan a una necesidad o
utilidad nacional, al menos en la medida en que la actividad privada de los
nacionales se muestre impotente o insuficiente en su realización”, y
concluye diciendo que “El Estado es dueño, pues, de determinarse a sí
mismo y de ampliar soberanamente el círculo de su competencia”, dentro,
naturalmente, del principio de subsidiariedad que él mismo ha expresado
con anterioridad.
Considera que en la medida en que, por razones de bien común, el
Estado amplía su órbita de acción, está extendiendo su poder administrador,
el que, a su vez, está interfiriendo, tocando, afectando, a los entes jurídicos
o personas naturales, muchas veces en sus derechos o expectativas
legítimas, y este Estado de derecho contemporáneo, activo, que va
extendiendo su actividad a medida que los requerimientos sociales lo
imponen, debe ser sometido a una forma de control jurídico previo y a una
fiscalización administrativa, necesariamente distinta de la que puede ejercer
una Cámara política. Al respecto, pone como ejemplo la fiscalización que
podía ejercer la Cámara de Diputados en nuestro país, que era, primero,
una fiscalización de mérito, porque podía pronunciarse acerca de la
conveniencia, utilidad o necesidad de determinados actos de Gobierno, y,
segundo, carecía de eficacia jurídica más allá de lo previsto por la
Constitución, que era muy poco; en un régimen parlamentario la situación
es distinta porque la fiscalización tiene una significación mucho más
acentuada y poderosa, desde el momento en que en el régimen
parlamentario el gabinete no es más que una delegación del Parlamento,
designada para gobernar.
Repite que esa función contralora, distinta de la fiscalizadora política,
resulta esencial en un Estado de derecho, pues, de otro modo, el Poder
administrador puede exceder sus atribuciones, invadir competencias ajenas