Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Por otra parte, señala, si no existen esos mecanismos o esas
instituciones normales llamadas a ejercer esas facultades de control o de
fiscalización, es, precisamente, por la situación de emergencia, en el sentido
político de la expresión, porque atraviesa el país, la que se caracteriza
justamente porque una serie de funciones que naturalmente debieran estar
diversificadas a través de una serie de órganos, se encuentran, en el hecho,
reunidas o concentradas en un número menor y, específicamente, una gran
cantidad de esas atribuciones está radicada en la Junta de Gobierno y en el
Presidente de la República. En consecuencia, deben considerar esa situación
en el trabajo, como un dato del problema, y preparar, entonces, fórmulas
que deberían ir modificándola hacia la estructuración de una normativa
constitucional más definitiva o plena.
Siente discrepar del señor Bertelsen, pero cree que podrían ponerse
de acuerdo, y tiene la esperanza de convencerlo de que sus puntos de vista
no están tan alejados. Piensa que primero tendrían que hacer un estudio de
la preceptiva constitucional definitiva, teniendo presente y definiendo ciertas
bases generales en aquellos puntos en que vaya a incidir este estudio sobre
la Contraloría; ir definiendo criterios orientadores en materia de actas
constitucionales, en materia de control político parlamentario o de
fiscalización política —como se llame—, en materia de Tribunal
Constitucional, en materia de funcionamiento de facultades inspectivas, de
los tribunales contencioso-administrativos, etcétera. Y abocarse, entonces,
con esos elementos a la redacción de un anteproyecto de preceptiva
constitucional definitivo sobre la Contraloría General de la República. Y
después, traducir eso en un proyecto de acta constitucional cuando las
circunstancias lo aconsejen y cuando el Gobierno se los solicite ya con la
decidida intención de promulgarlo en un plazo breve.
Hace presente que no deben perder de vista que el Presidente de la
República ha expresado que, en lo que resta de la fase de recuperación y
antes de entrar a lo que ha denominado “la etapa de transición" debe
terminarse la preparación del conjunto de las actas constitucionales.
Considera que no sería raro que la Junta de Gobierno, en definitiva,
estimara conveniente promulgar todas estas actas constitucionales —sobre
la estructura constitucional chilena— simultáneamente, en un momento
dado, el año próximo o en 1980, dentro de los plazos fijados por el
Presidente de la República. Le parece que ése es el criterio que ha existido
desde hace bastante tiempo en la Comisión, en el sentido de que sería
inconveniente promulgar las actas en forma separada, sobre algunas de las
funciones u órganos del Estado, y con independencia de las otras.
Recuerda que, cuando se trató el Poder Judicial, el propio Presidente
de la Corte Suprema señaló su aprensión de que se promulgara un acta
constitucional sobre ese Poder. El señor Carmona ha manifestado aquí, con
mucha razón, su temor de que suceda otro tanto respecto de la Contraloría
General de la República. En principio, no se inclinaría por esta idea si ello no
ocurre en conjunto con el acta constitucional que debe promulgarse
respecto del funcionamiento de la Cámara legislativa futura que se cree y
que, a partir de 1980 o de la etapa de transición que se ha señalado, puede
ejercer facultades fiscalizadoras.