Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pueden dejar de lado la idea de cómo presentarla frente al mundo y frente
a los chilenos, sin un ordenamiento constitucional que tenga certeza. Esa es
la inquietud de los señores Bertelsen y Guzmán. Entonces, imagina que
esta inquietud se podría conjugar con las ideas que se han expresado, de la
siguiente manera: que junto con estudiar como anteproyecto de nueva
Constitución lo relativo a la organización de los Poderes del Estado, se estudie
también un mecanismo netamente jurídico que permita dar mayor fijeza
y seguridad al ordenamiento constitucional.
En su opinión, desde el momento en que asumió la Junta de
Gobierno dejó de existir la Constitución de 1925. Su concepto de Carta
Fundamental no es el de un texto fragmentado. Una Constitución es un
texto que implica una idea, un valor, un principio en torno del cual se
organizan los Poderes del Estado. Por lo demás, siempre lo ha dicho así en
sus clases.
Ahora, esta misma idea la podría recoger la Comisión, y estudiarse
un nuevo decreto-ley, tomando como base el decreto-ley N° 788 y la idea
de las Actas Constitucionales, que estableciera un mecanismo de
verificación del actual ordenamiento constitucional chileno, para dejar de
hablar de la Constitución de 1925, en la cual ninguno cree.
La impresión general no especializada considera que lo constitucional
en Chile pertenece al campo de la historia del derecho.
Tal vez si se empezara a hablar de un “ordenamiento constitucional
fundamental”, y se lo configurara en un texto legal, se daría una mayor
seguridad y no se presentaría el problema de tener que apurarse con el
Acta sobre este tema.
Le ha causado mucha impresión lo que ha dicho el señor Carmona,
porque concuerda con esa idea. Cree que el texto constitucional es el
producto de la historia y, en un momento dado, no se puede dejar de
tenerla presente. El Derecho Constitucional es un Derecho Político; es la
política y la historia política trazadas en una norma jurídica.
El señor BERTELSEN, sin perjuicio de estar en completo acuerdo,
considera que ésta es una decisión de prudencia que tendrá que venir del
Gobierno.
Aclara en forma muy breve un sólo punto. No es un iconoclasta del
pasado; no quiere acabar con todo lo existente. Al contrario, piensa que
gran parte del prestigio de las instituciones proviene, precisamente, de su
largo arraigo. Y el Poder Judicial, los tribunales chilenos, tienen un prestigio
indiscutido, que no viene de 1925, ni de la Ley de Organización de los
Tribunales, ni de la Constitución de 1833 —que apenas pasó por encima de
ellos—, ni de la Constitución de 1823 de Egaña, la cual contenía algunas
disposiciones sobre el Poder Judicial que llegan hasta hoy día prácticamente
repetidas por las otras, sino que tiene su origen incluso en épocas
anteriores y, en algunos aspectos, en el tiempo de la Colonia.