Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

azones contingentes a que hace referencia, ¿Podrá serlo también en épocas
de normalidad institucional? ¿Son conciliables estos procesos de fiscalización
tan estrecha con esta agilidad y esta eficacia que se persigue de las
instituciones fiscales, sean centralizadas o descentralizadas?
Cree que es un problema ante el cual se declara incompetente para
resolver, pues es una cuestión que escapa del hombre de derecho; se trata
de un problema de técnica, porque él no sabe si en una empresa es
necesario en un momento dado que haya determinados supervisores: ¿Qué
capacidad creadora puede poseer un tipo que en cierto instante puede ser
prácticamente, no destituido, pero si sancionado o desplazado, para que
otro técnico, con un criterio distinto, se ocupe en cumplir las finalidades del
servicio? ¿En qué medida esta fiscalización no inhibe al administrador? Le
parece que estos son, por cierto, problemas de difícil consideración.
Expresa que hay algunos aspectos que estima que son pacíficos y
que, en su opinión, deben aceptarse. Por ejemplo, en el decreto ley Nº
1.141 se establece que el Presidente de la República, por decreto ley o
mediante simple oficio, puede pedir que el Contralor realice determinadas
fiscalizaciones incluso en órganos que antes no estaban dentro del ámbito
de control de la Contraloría, lo que se ha efectuado, entiende, en el Banco
del Estado, y que parece ser, efectivamente, algo admisible en toda época.
Pero con relación a otros aspectos que aquí se definen, precisamente, como
control administrativo y que el profesor Evans ya mencionó en forma
detallada, sus reticencias subsisten. Y si esos aspectos son explicables en
octubre de 1973 y en 1975, años en que precisamente se dictaron los otros
dos decretos leyes, se pregunta: ¿Lo son en el presente?
Anota que leyó en la prensa de esta semana algunas apreciaciones
del señor Ministro de Economía sobre las empresas estatales, en las que se
hablaba de “holding”; no entiende de esa materia, pero, en todo caso,
parece ser una concentración de empresas que persigue también lograr una
agilización y una eficacia: ¿En qué términos se condicen con las
apreciaciones vertidas en estas disposiciones normativas?
Considera francamente que sería prematuro pronunciarse acerca de si
es procedente o no que un estatuto de esta naturaleza pueda incorporarse
con carácter de norma constitucional, y cree que ello resulta peligroso
porque el día de mañana no será lo mismo reformar un precepto de índole
constitucional que enmendar uno de naturaleza legal, de suerte que sería
anticiparse un tanto el dar la aprobación correspondiente. Estima que aquí
hay que usar un poco de criterio de investigador empírico y observar qué
resultados prácticos están dando estos controles, que ya se están haciendo;
analizar, más allá del aspecto normativo, el sentido práctico de los mismos,
y en qué medida los objetivos perseguidos se cumplen.
Expresa que, con relación a este aspecto, su punto de vista es en
absoluto coincidente con el del profesor Evans en cuanto a que, tocante a
ese control de administración, es prematuro pensar siquiera en introducirlo
en un texto de rango constitucional.