Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

autoridades administrativas, ¿no dará ello pábulo para que éstas, al
conocer determinadas materias, prolonguen indefinidamente su
tramitación, a fin de no pronunciarse al respecto? Dado el carácter de
nuestra burocracia, probablemente pospondrá indefinidamente sus resoluciones
y aducirá que no procede hacerlo por cuanto están conociendo y
estudiando la materia. Y en este caso no hay acción ni omisión.
En tercer lugar, recuerda que en una sesión anterior se produjo una
vivísima discusión respecto del inciso segundo del artículo 84, según el cual
la disposición no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo
relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento,
ni en cuanto a la delegación y torcida administración de justicia. Y el
recurso ahora propuesto revive toda esa materia, pues es indudable que los
afectados por fallos contrarios de las autoridades administrativas o por
resoluciones de la Corte Suprema ocurrirán ante los tribunales respectivos
para reclamar de ellos. Y en esta forma se estará violando el mismo
principio constitucional que se ha propuesto.
El señor DIEZ dice que el texto es mucho más amplio todavía, pues,
a requerimiento de parte se puede transformar a los tribunales de la
República en poder fiscalizador. Se les está otorgando esta atribución
política, porque si es posible reclamar contra las acciones u omisiones de
los Poderes Públicos que perjudiquen derechos de los particulares, se está
entregando a la Corte Suprema un poder de fiscalización sobre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo. Parece que se está llegando a la hipertrofia del
único poder constituido que hay, de acuerdo con la Constitución de 1925.
El señor ORTUZAR (Presidente) cree que el problema cobra
importancia en el ámbito en que lo planteó el señor Bertelsen, especialmente
mientras no existan los tribunales administrativos, porque, en
realidad, si ellos se crean, los actos abusivos de las autoridades políticas o
administrativas serán conocidos por dichos tribunales. Mientras ellos no
existan sería necesario crear un principio que él denominó de la
“inexcusabilidad”.
El señor BERTELSEN estima que, efectivamente, el principio de la
inexcusabilidad cobra pleno sentido ante ciertas omisiones de tribunales,
como han existido en Chile. Aparte ello, y aún cuando comparte la opinión
de que, tal como está redactada la proposición, su alcance es amplísimo,
piensa que ella tiene cierto sentido en el siguiente aspecto: está destinada
a lograr cumplimiento de ciertos preceptos constitucionales que, por falta
de la ley que debiera dictarse y desarrollarlos, no se aplican. Al contar con
ese artículo, o con alguno semejante, los tribunales y todos los organismos
respectivos estarían obligados a aplicar el derecho constitucional vigente.
Afirma que algunas de las disposiciones de las Actas Constitucionales
promulgadas el año pasado, y según las cuales ellas eran directamente
aplicables a toda persona, a todo organismo público, a toda autoridad
existente en el país, se han transformado en letra muerta, en definitiva, por
ejemplo, en lo relativo a la libertad provisional.
El señor DIEZ dice que, a su juicio, fue una consecuencia abier-