Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Por eso, estima que deben precisarse estos puntos y que en parte
son aquellos que se mencionaron en el oficio de noviembre de 1973. Por
ejemplo, el alcance de la toma de razón de los decretos promulgatorios de
las leyes.
En el régimen anterior y en los regímenes anteriores también, en
muchas ocasiones, se suscitó esta polémica, este debate en torno de cuál
era el papel de la Contraloría frente al decreto promulgatorio de una ley.
Como se recordará la Contraloría General de la República, de acuerdo con
su jurisprudencia, sostuvo que mediante la toma de razón ella tenía la
obligación de determinar si el texto que se le ordenaba promulgar
respetaba fielmente el despachado por el Congreso. Y señaló enfáticamente
que no podía constituirse en tribunal de conflicto por cuanto éste no era su
papel, y que, por medio de la toma de razón, debía decir si determinado
proyecto de ley se ajustaba a las normas despachadas por el Congreso
Nacional.
Si tal problema se suscitó frente a simples decretos promulgatorios
en que no había veto, con mayor razón se produjo cuando el Presidente de
la República ejerció esta facultad. Inclusive, debió analizarse si el veto, al
ser tratado por el Congreso, se rechazaba por simple mayoría, o si eran
necesarios los dos tercios. Al respecto, recuerda la reforma constitucional
de 1967 patrocinada por el Presidente Frei, punto que fue sumamente
discutido, que tuvo especial importancia, y que se refería a las
expropiaciones. También lo ocurrido en junio de 1973 —el oficio respectivo
puede hacerlo llegar a esta Comisión—, cuando el Presidente Allende
pretendió promulgar el texto legal que dividía las áreas de la propiedad. En
este caso, la Contraloría reiteró su criterio anterior en el sentido de señalar
al Jefe del Estado que sólo le cabía vetar el proyecto o llamar a plebiscito, y
procedió a devolver la iniciativa, pues el Presidente de la República la había
podado y mandado publicar las partes correspondientes.
Por lo tanto, considera que la Comisión debe tener en cuenta ese
punto esencial. ¿Cuál es el alcance de la toma de razón de la Contraloría en
los decretos promulgatorios de las leyes? Y debe hacerlo porque esta
situación se ha prestado para muchas polémicas. Además, hay algo que
llama la atención y vale la pena recordar: el propio Tribunal Constitucional,
creado en Gobiernos pasados, no fue capaz de resolver tal problema y se
declaró incompetente frente a la reforma constitucional relativa a las áreas
de la propiedad. En seguida, el Presidente Allende envió el decreto
promulgatorio a la Contraloría, la que debió insistir en que no era tribunal
de conflicto y en que, por medio de la toma de razón, podía pronunciarse
en el sentido de que, por haber sido rechazado el veto y no haber llamado
a plebiscito, el Presidente de la República no podía promulgar una parte de
la iniciativa y dejar pendiente el resto.
Por tal razón, es muy importante, a su juicio que este punto se
aclare en su totalidad.
Otra materia que debe ser estudiada es la que se refiere a los al-