Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Constitucional que resuelva los conflictos de índole político-contenciosos.
Pero en cuanto al Tribunal Constitucional hace suya una reflexión que hacía
hace muchos años el miembro de esta Comisión, don Raúl Bertelsen —le
parece que en la Última página de su obra “Control de la Constitucionalidad
de la Ley”—, en la que señalaba, con toda razón, que para que un tribunal
constitucional sea eficaz requiere de un elemento que, a su juicio, es
esencial, cual es que sus miembros lo integren por un período
sustancialmente mayor que aquel por el cual desempeñan sus cargos
quienes los nombran; vale decir, que si hay miembros del Tribunal
Constitucional designados por la Cámara de Diputados, cuyos integrantes
duran cuatro años, aquéllos deberían permanecer en sus cargos ocho o
nueve años, lo que no es una exageración, pues en Francia los miembros
del Consejo Constitucional, según sus recuerdos, duran nueve años, y hay
algunos vitalicios, como los ex Presidentes de la República; y en Alemania
Federal los integrantes del Tribunal Constitucional Federal ejercen su
investidura durante ocho años, y algunos hasta que presentan su
expediente de jubilación.
Estima que un tribunal constitucional bien concebido debe contar con
ese requisito que, con razón, precisaba el señor Bertelsen en el sentido de
que la extensión de su duración sea siempre superior —y ojalá muy
superior— a la del mandato de aquellos que los han designado.
Anota que como tercer elemento para un estatuto constitucional de la
Contraloría, podría considerarse el siguiente. Es partidario, personalmente,
de otorgar expreso reconocimiento constitucional a la facultad que su ley
orgánica le concede de velar por la juridicidad de los decretos, reglamentos
y funciones del Presidente de la República, lo que no se hizo en la reforma
de 1943 por estimarse, tal vez, que era necesario hacer una reforma muy
escueta, y bastaba hacer una referencia en las Actas a las cuales se ha
remitido. Pero, por la importancia que en un Estado de Derecho tiene el
control jurídico de los actos que emanan de la potestad reglamentaria, cree
que debe tener carácter constitucional, y deben constitucionalizarse, por
tanto, la toma de razón; la refrendación, que es el trámite que consiste en
examinar si existen fondos para dar curso a pagos autorizados en el ítem de
gastos variables de la Ley de Presupuestos por leyes posteriores; y el
registro, que es un trámite que incorpora en archivos especiales los
decretos supremos relacionados con el personal de la Administración del
Estado y con bienes del Estado.
Hace presente que es partidario, en cambio, de excluir del control de
la juridicidad los decretos supremos que promulguen leyes o reformas
constitucionales, por estimar que un conflicto producido por la promulgación
por parte del Ejecutivo de un texto diferente de una ley o de una reforma
constitucional, no puede quedar entregado a la decisión de la Contraloría a
través de la representación, sino que la resolución de la controversia acerca
de si el Presidente de la República obró de acuerdo con lo despachado por el
Congreso, o dentro de sus atribuciones promulgatorias, debe quedar
entregada a un organismo diferente, de carácter político-jurisdiccional,
como sería el Tribunal Constitucional.