Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

una composición parecida a la que tenía el Tribunal Calificador de
Elecciones, que funcionó muy bien durante muchos años de su existencia y
que en general no se prestó para dificultades. Es cierto que siempre hubo
discusión por sus fallos. Pero, en realidad, funcionó bien: se purificó el
sistema electoral, se excluyó una cantidad de vicios, y el tribunal andaba
bien.
Por ello, cree que es preferible entregarlo a un tribunal, no dice con
la misma composición del Calificador de Elecciones, pero sí, en todo caso,
con mayoría de magistrados, porque ésta le da una imparcialidad, una
visión de más peso, de más tranquilidad, de menos apasionamiento.
Prefiere, por eso, que sea un Tribunal Constitucional y no la Corte
Suprema. Porque, si se establece que sea esta última quien tenga la
facultad de tribunal constitucional, significa mezclarla de lleno en la lucha
política contingente y diaria. ¿Y qué va a suceder? Que con el curso del
tiempo puede reformarse la Constitución para establecer algo que en su
concepto sería terrible y funesto para el Poder Judicial: que los
nombramientos de los Ministros de la Corte Suprema, como sucede en
muchos países de la América española y en Estados Unidos, deben ser
aprobados por el Senado, con lo cual, dadas nuestras costumbres, se daría
a la Corte Suprema un carácter netamente político y se elegirían sus
miembros, no en razón de su carrera y de sus merecimientos, sino en
virtud de tener una ideología política determinada.
Comparte plenamente el criterio de que es necesaria la protección
constitucional y de que hay leyes de interés general que deben ser
declaradas inconstitucionales. No comparte, sin embargo, la idea de dar
esa facultad a la Corte Suprema —comprende que el señor Guzmán lo ha
propuesto en la mayor buena fe y con el deseo de llegar a una solución lo
más óptima posible—, porque cree que dar esa facultad a la Corte
Suprema es mezclarla de lleno en la lucha política, lo cual considera que es
totalmente funesto. Por eso, se india por la solución de un tribunal
constitucional con mayoría de magistrados, pero que no sea la Corte
Suprema.
Por eso, y en razón, de los argumentos que da el señor Díez, prefiere
dejar el recurso de inaplicabilidad tal como está y como lo mantuvo el
constituyente cuando se creó el Tribunal Constitucional, es decir, sin
modificar, y buscar, a través del mecanismo de dicho tribunal, la solución
de las demás aprensiones que tienen los señores miembros de la Comisión
cuando la ley va a violar intereses generales.
En cuanto a lo que decía denantes el señor Diez sobre la
inconstitucionalidad de forma y de fondo, es cierto que la Corte Suprema,
en los muchos años en que rigió el recurso de inaplicabilidad, sostuvo
siempre la teoría de que era inconstitucionalidad de fondo, contra tres
Ministros que eran don Rafael Fontecilla, Ramiro Méndez y él, quienes
decían que si la Constitución no hacía distingos, no había por qué hacerlos.
Pero, a pesar de que estuvo en contra cree que la Corte Suprema mantuvo
la teoría de que era la inconstitucionalidad de fondo y no de forma la que