Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

intereses, de posiciones políticas, de campañas electorales.
Confiesa que sus aprensiones están ahí. Y cree que, en la materia de
la violación de fondo que perjudique los intereses de los gobernados, no
sólo la Corte podría declarar la inaplicabilidad para éstos. Podrían
establecer para ellos, incluso, un sistema más práctico y expedito que el
recurso de inaplicabilidad. Podrían hacer extensivo el recurso de protección
disponiendo que, en vez de llegar a la Corte Suprema en el caso de las
violaciones de los derechos individuales, pudiera llegarse inmediatamente a
la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección, a fin de que
ésta, en la duda de si la disposición es constitucional o no, pudiera
suspender los efectos de la medida y hacer la consulta a la Corte Suprema,
para que ésta se pronunciara sobre si es inconstitucional o no, sin
necesidad de que haya el recurso.
Así se haría más expedita la defensa de los derechos individuales,
sin caer en este riesgo que llama a establecer un poder que se pronuncie
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos del Poder
Legislativo. Y —no debe olvidarse, como el señor Guzmán lo precisó— con
los dos colegisladores. Pueden estar en presencia de una mayoría
parlamentaria y de un Presidente de la República frente a la mayoría de la
Corte Suprema. Y pueden estar, además, en el terreno del derecho puro:
un Parlamento con la mayoría de la opinión pública realmente detrás y un
Presidente de la República en contra de la teoría del derecho puro.
No le parece conveniente arriesgar producir ese tipo de conflictos,
frente a la experiencia que tienen con los tribunales, no sólo con respecto a
esta materia, sino también con respecto a las relaciones y al respeto
mutuo que siempre ha existido sobre el particular.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que ambas posiciones se
están acercando bastante. Porque ve que el señor Díez acepta que haya un
órgano jurisdiccional encargado de declarar la inconstitucionalidad de la ley
cuando esta inconstitucionalidad se produce durante la generación de ella.
En estos casos, según él, estarían comprendidos todos aquellos aspectos
en que pudiera haber de por medio una especie de interés general en
declarar esta inconstitucionalidad.
Acepta, además, que también los tribunales, por la vía de la queja o
de la apelación, puedan declarar la inconstitucionalidad de una ley que
afecte las garantías individuales.
El señor DIEZ aclara que sólo para la suspensión en el caso de que
la Corte tuviera dudas acerca de si la base es una ley constitucional o
inconstitucional, a fin de hacer la consulta, el mismo Tribunal, ante la Corte
Suprema, sin necesidad de recurso. De modo que se trata de que siempre
la inaplicabilidad caiga en la Corte Suprema. Pero, tratándose de derechos
individuales, daría una especie de facultad transitoria de suspensión de la
aplicación de la medida, a un tribunal que esté más cerca. Porque,
evidentemente, para proteger más los derechos individuales le gusta el