Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

— En este momento, se incorpora a la sesión la Ministro de Justicia,
señorita Mónica Madariaga Gutiérrez.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que quiere informar a la
señorita Ministro de Justicia, en primer término, que la Comisión acogió su
petición porque estimó muy razonables y muy atendibles las
consideraciones de su oficio. Le explica, en seguida, que la Comisión ha
empezado a intercambiar opiniones, en un plano muy general, sobre todo
este asunto relativo a la Contraloría General de la República, y que ha
habido cierta coincidencia y cierto consenso para estimar que muchos de
los preceptos que propone el señor Contralor, en realidad, debieran tener,
como lo tienen actualmente, rango legal: y no constitucional, porque son
disposiciones de la ley N° 10.336 y no se justificaría incorporarlas en la
Constitución, así como hay otras que pudieran estar en ella —como la que
dice relación a la designación del Contralor y a su inamovilidad— y que, en
cambio, no aparecen en el proyecto.
Prosigue explicando a la señorita Ministro que le ha parecido a la
Comisión que este proyecto tiene extraordinaria trascendencia y abarca
problemas que deberán ser debatidos muy profundamente, entre otros, por
ejemplo, el relacionado con la vinculación que eventualmente se deberá
establecer, incluso en el orden constitucional entre la Contraloría General
de la República y los tribunales contencioso-administrativos, en cuanto
estos últimos conocerán de muchas materias de que hoy conoce, por así
decirlo, en única instancia, la Contraloría.
Expresa a la señorita Madariaga que, asimismo, le ha parecido
extraordinariamente importante a la Comisión todo lo referente a la toma
de razón de los decretos y a la posibilidad de que el Presidente de la
República insista en algunos casos, teniendo presente en especial la trágica
experiencia que se vivió durante el régimen anterior, en que, por la vía del
decreto de insistencia, prácticamente, se legisló sobre materias que eran
propias de ley y que en ningún caso podían ser objeto de un decreto
administrativo.
Continúa expresando en su síntesis el señor Ortúzar que la Comisión
ha considerado también que todo este problema de la fiscalización hay que
abordarlo en un plano más general, porque es evidente que en este campo
habrá otros organismos, como es el caso del Tribunal Constitucional, que
necesariamente tendrá que establecerse, y de la propia Cámara Legislativa,
que el día de mañana podrá tener algunas funciones fiscalizadoras.
Hace presente que se ha planteado también —todo esto es para ir
dando una visión general del debate a la señorita Ministro de Justicia—, si
se trata de un estudio del anteproyecto de Constitución definitiva en lo
tocante a la Contraloría o de un estudio que pudiera servir de base al Acta
Constitucional, respecto de lo que él ha señalado que, en verdad, lo más
urgente es esto último, sin perjuicio de ir considerando paralelamente
ambas cosas de manera de ir dejando para el anteproyecto de nueva
Constitución definitiva lo que no puede ser objeto del Acta Constitucional.