Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

evidentemente, presentan notable semejanza con el ejercicio de la
jurisdicción, el régimen jurídico no suele ser exactamente el mismo que se
aplica tratándose del ejercicio típico de la jurisdicción por los tribunales.
Así, por ejemplo, la Contraloría General de la República discutió la
naturaleza de tribunal de quien fue en su tiempo —hace alrededor de veinte
años o algo así— Administrador de Impuestos Internos, y que hoy sería,
según entiende, Director Regional, en materia de decisiones tributarias en
las que aparentemente había cierta contienda entre partes. Por otro lado, el
Consejo de Defensa del Estado ha estimado que cuando el Presidente de la
República reconocía a un particular como propietario de ciertos bienes, de
acuerdo con la Ley de Propiedad Austral, se estaba ejerciendo la
jurisdicción porque se aplicaban a un caso particular normas generales de
ley. Sin embargo, don Patricio Aylwin, en su obra “Derechos
Administrativos”, sostiene que no hay tal. En consecuencia, colocar esta
frase relativa a los “organismos que ejercen jurisdicción” podría llevarnos a
diversos problemas en cada caso particular para saber si realmente la
ejercen o no.
Enseguida, tal como el señor Presidente de la Corte Suprema recién
lo hizo notar —y suponiendo que pueda ser así—, parece que de lo que se
trata es de evitar que las decisiones de los organismos administrativos
queden sin eventual revisión judicial por alguna vía adecuada, cualquiera
que ella sea y que se estime la más conveniente. Pero indicar que los
organismos administrativos que ejercen jurisdicción quedarían también
sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la
Corte Suprema parece que es más de lo que realmente se pretende y, si no
se aspira a tanto, no habría para qué decir más de lo necesario, en aras del
vigor que deben tener las disposiciones constitucionales.
Por lo demás, podría ser bastante engorroso que algún particular, so
pretexto de la superintendencia de la Corte Suprema sobre esas entidades,
planteara la aplicación de medidas disciplinarias por parte del Tribunal a
altas autoridades —ya no simplemente la revisión de las resoluciones
administrativas—, comenzando por el Presidente de la República.
Es más. Toda nuestra organización administrativa conduce a que
exista una serie de actos en los que determinadas autoridades o
funcionarios administrativos tienen distinto tipo de labores o de funciones
que, por lo menos, aún en el supuesto de que se les atribuya naturaleza
administrativa, presentan un régimen jurídico y caracteres un tanto
diferentes de los usuales. Cuando un Administrador de Aduanas o el
Superintendente del servicio actúan en un juicio aduanero como podría
acontecer, la resolución quedará sometida por una vía u otra a la revisión
judicial. Sin embargo, ¿sería posible aplicar a este funcionario una
suspensión, por ejemplo, como castigo disciplinario? Tendría que variar la
organización administrativa, que considera la subrogación y el reemplazo
del funcionario, no sólo en aspectos parciales del ejercicio de su función,
sino en su totalidad.
Todas estas consideraciones le hacen pensar que bastaría el
agregado al artículo 80 de la Constitución que ha mencionado el señor