Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Secretaría la administraban, y se aprobaba una vez al año la cuenta
correspondiente. Lo que no había era intervención de la Contraloría General
de la República en la cuenta, sino que el Congreso la manejaba, pero el
Presupuesto debía contar con la iniciativa del Ejecutivo.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) insiste en
que el Congreso tenía libertad para ello, según la Constitución Política. La
reforma de 1942, que dispuso la intervención del Primer Mandatario en
toda iniciativa de gastos, exceptuó al Congreso Nacional.
El señor DIEZ recalca que una cosa es la iniciativa de gastos, y otra,
el sistema del presupuesto. Cualquier parlamentario tenía iniciativa de
gastos en materias que estuvieran financiadas, pero, en el ítem del
Presupuesto, la asignación del Congreso era una suma global que tenía que
proponer el Ejecutivo a la Comisión Mixta de Presupuestos y que era objeto
de negociaciones bastante airadas. No había iniciativa para subir la
cantidad.
El señor ORTUZAR (Presidente) observa que, en realidad, en esta
materia tienen razón, en parte, el señor Presidente de la Corte Suprema y,
en parte, el señor Díez. Tiene razón el señor Díez en cuanto a que el
Congreso no podía fijar a su arbitrio las remuneraciones de los funcionarios
del Poder Legislativo, sino que ello debía hacerse por ley y, por lo tanto,
con la participación del Ejecutivo, y tiene razón el señor Eyzaguirre en el
sentido de que el Congreso efectivamente estaba exceptuado de la
iniciativa forzosa del Presidente de la República. El artículo 45 de la
Constitución decía que “Corresponderá exclusivamente al Presidente de la
República la iniciativa para proponer” tales y cuales cosas y, al final,
señalaba que “No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional y a los
servicios que de él dependan”. Sin embargo, las remuneraciones, en
realidad, no eran fijadas a su arbitrio por el Congreso, sino que debían
establecerse por ley.
El señor DIEZ explica que en la práctica siempre se discutió con el
Ejecutivo por la suma global. Y el Ejecutivo fue el que, en definitiva, la
determinaba. Todos los Ministros de Hacienda se movían en la Comisión
Mixta de Presupuestos para obtener sus presupuestos globales al igual
como lo hacía la Tesorería de la Cámara.
Manifiesta luego que una cosa es el criterio aplicado a los diversos
servicios públicos y otra distinta la proporción que tiene el Poder Judicial,
respecto de la cual está de acuerdo con el planteamiento del señor
Presidente de la Corte Suprema.
Pero no le parece racional la solución de asignar un tanto por ciento
del Presupuesto para finalidades determinadas. No se sabe cuánto es el
Presupuesto; no se sabe a qué corresponde el aumento del mismo. Este
incremento puede corresponder a gastos de la Defensa Nacional. Y es
factible que se deba disminuir todo lo demás para entregar la totalidad a
Defensa Nacional en el caso de una guerra, como también es posible que