Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

edad de sesenta y cinco años como límite de la función judicial para un
juez, se tuvo particularmente presente que la función del magistrado, del
juez propiamente tal, es en realidad extraordinariamente ardua, de modo
que si, a los sesenta y cinco años, una persona no ha logrado por lo menos
subir un peldaño en la carrera judicial, todo hace suponer que será difícil
que pueda desempeñarse con la misma eficiencia con que lo podría haber
hecho antes de cumplir esa edad. Esa es la razón por la cual se inició este
límite de la edad a los sesenta y cinco años. Con respecto a los Ministros de
Corte de Apelaciones y a los Ministros de la Corte Suprema, el señor
Presidente de ésta dio a conocer incluso su experiencia de cuarenta años
como magistrado en este sentido.
En seguida, se establecen en forma explícita, como causales de
expiración de funciones, la renuncia voluntaria al cargo por parte del
magistrado y la incapacidad legal sobreviniente. Estas últimas incapacidades
están consideradas en el Código Orgánico de Tribunales. Pero,
como la Carta Fundamental de 1925 dispone que “los jueces, sean
temporales o perpetuos, sólo podrán ser depuestos de sus destinos por
causa legalmente sentenciada”, algunos colegas de la Comisión estimaron
que esas disposiciones del Código Orgánico de Tribunales podrían ser
objetadas de inconstitucionales. Por eso pareció más lógico y más propio
consignar en forma explícita estas causales de cesación en el cargo.
Después vienen algunas disposiciones nuevas, relacionadas con la
calificación del personal del Poder Judicial.
Luego hay otro precepto nuevo, el cual establece que las permutas o
los traslados acordados por la Corte Suprema por razones de buen servicio,
se cursarán necesariamente por el Presidente de la República.
El señor GUZMAN expresa que tal vez sería conveniente agregar,
como una modificación importante del artículo que acaban de ver, el hecho
de que el quórum que requiere la Corte Suprema para remover a un
magistrado se rebaja de los dos tercios, que exige la actual Constitución, a
sólo la mayoría de sus miembros en ejercicio, porque, a recomendación del
señor Presidente de la Corte Suprema, se estimó que el quórum de los dos
tercios era excesivo.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que, en seguida, en el artículo
86 relacionado con las atribuciones de la Corte Suprema relativas a la
superintendencia directiva, correccional y económica de todos los
Tribunales de la Nación, se agrega un precepto que dice: “Se exceptúan de
esta norma los Tribunales Militares en tiempo de guerra externa”. Con esto
se ha querido resolver una cuestión que ha sido planteada en diversas
oportunidades en la Corte Suprema, con respecto a si ella tendría o no
tendría competencia para conocer, especialmente, de los recursos de queja
que se dedujeron en contra de los tribunales militares en caso de guerra
interna. Con este precepto, la Corte Suprema pasa a tener jurisdicción de
este caso. En cambio, se estimó, naturalmente, que no era adecuado
otorgársela en el caso de guerra externa, por razones obvias: porque en