Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

impide el nacimiento del acto ilegítimo a la vida del derecho, y como
ejemplo típico de control preventivo está el que tiene la Contraloría frente a
un decreto supremo que es representado y acerca del cual el Presidente de
la República tiene la facultad de retirarlo, es decir, es un control preventivo
que impidió el surgimiento a la vida del derecho de un acto de
administración. En cambio, el control represivo o a posterioridad anula o
enmienda el acto ilegítimo, o bien impide que se cumplan sus efectos o
persigue la responsabilidad del autor del acto ilegítimo; ejemplo de control
represivo o a posteriori existente en nuestro país es el control que ejerce la
Corte Suprema en materia de constitucionalidad de los preceptos legales; es
un control posterior, represivo, que deja sin efecto, para un caso particular,
un precepto legal contrario a la Constitución, y la Contraloría también tiene
facultades de control represivo cuando dispone una visita inspectiva a un
servicio del Estado. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en los casos
del artículo 78 b), letras a), b) y d) proporciona típicos casos de control
represivo.
Agrega que otras formas, clasificaciones o especies de control son el
control administrativo, en el que las atribuciones fiscalizadoras las tiene un
órgano de la Administración que actúa en general a priori y de oficio; el
control jurisdiccional, que corresponde a un órgano judicial, es siempre a
posteriori, y generalmente se produce a petición de parte; el control
jurídico, que vela por la juridicidad de los actos; el control financiero, que
precave las resultas patrimoniales de un acto que puede ser ilegítimo; el
control legal, que persigue que el acto se ajuste a la normativa jurídica
fundamental vigente; el control de mérito, que se pronuncia sobre la
conveniencia, casos y oportunidades, y que invade el campo propio de la
Administración; el control por organismos dependientes, como el que existe
en Chile y que ejerce la Superintendencia de Bancos respecto de bancos e
instituciones financieras, la Superintendencia de Sociedades Anónimas
respecto de los organismos que la ley le ha entregado la superintendencia;
y el control por organismos autónomos, que ejerce la Contraloría.
Hace presente el señor Evans que con estos antecedentes, para tener
un material debatible para una futura consagración constitucional del
órgano contralor, a su juicio, primero, mantendría, en términos generales,
la actual normativa constitucional, especialmente las atribuciones indicadas
en el artículo 21. Cree que ha sido una normativa satisfactoria, bien
concebida, que no se ha prestado a grandes inconvenientes, ni ha habido
grandes debates en nuestra historia política ni en la cátedra acerca del
significado de dicho artículo.
Enseguida, respecto de los preceptos relativos a la Contraloría que
figuran en los incisos tercero y cuarto del Nº 21, y el articulo 72, Nº 10,
todos referidos a la emergencia económica; y los preceptos referentes a la
Contraloría contenidos en los artículos 44, Nº 15, y 78 bis, letra b, que se
refieren a los decretos con fuerza de ley y al control del Tribunal
Constitucional, cree que supeditarán su mantención en el texto
constitucional a la resolución que, en definitiva, adopten esta Comisión y el
Poder Constituyente acerca de si se mantendrán en la Carta Fundamental la
emergencia económica, los decretos con fuerza de ley y un Tribunal