Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

la República, si es que llega a afectarlas.
El señor DIEZ cree que la filosofía general del proyecto es que se va
a terminar con una especie de inspectores y jueces del trabajo, ya que en
el procedimiento administrativo que termina siempre hay un fallo final, en
un procedimiento judicial.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contenciosoadministrativo)
explica que esa materia se estudió cuidadosamente y, en la
forma como está redactada en el proyecto, no afecta a ninguna de las
facultades que en este momento tiene la Contraloría General de la
República.
El señor DIEZ cree que debiera afectar a algunas de esas facultades.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contencioso-
Administrativo) considera que se podría llegar a ver que algunas facultades
de la Contraloría se afectan por el proyecto.
Hace notar que la Subcomisión también se encontró con el problema
de los tribunales administrativos especiales, cuyo estudio específico era
algo imposible, pues se llega, prácticamente, a una lista de cincuenta y
tantos tribunales administrativos especiales, motivo por el que hay una
disposición que, en verdad, deja vigentes algunos, pero la mayoría
desaparece.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) acota que
es lógico que así sea, pues hay jurisdicciones paralelas.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contencioso-
Administrativo) anota que, sin embargo, la Contraloría queda a salvo,
excepto en aquellas materias en que ha intervenido —no puede decirse
jamás en forma arbitraria—, sino que, en realidad, más allá de lo que le
está permitido, precisamente, por la falta de estos tribunales
administrativos.
Explica que el último de los tribunales que establece el proyecto es
la Corte Suprema, y para estos efectos el artículo 57 consulta que contra la
sentencia definitiva de segunda instancia sólo procederán los recursos de
aclaración, rectificación o enmienda y el de reclamación; este recurso de
reclamación se interpone ante la Corte de Apelaciones recurrida, y de él
conocerá la Corte Suprema, debiendo ser fundado e indicar con precisión
las decisiones u omisiones de la sentencia que se impugnan, los principios
o normas que se suponen infringidos, la forma como se ha producido la
infracción y la manera como ésta ha influido en lo dispositivo del fallo; es
decir, este recurso de reclamación viene prácticamente a reemplazar al
recurso de casación, pero considera los dos aspectos: el formal y el de
fondo, lo que ya es llevado como una especie de reclamación, por la
particularidad especial que tienen los actos administrativos. Añade que
para los Ministros de la Corte Suprema, dada la sabiduría con que siempre