Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Le parece bien el artículo 1° porque precisa “la función de control
jurídico, contable, financiero y administrativo de la Administración del
Estado y de los demás organismos que determinen las leyes”. Aquí
discrepa un poco del señor Lorca, en tanto cuanto cree difícil que la
Constitución pueda señalar cuáles serán todos los organismos sometidos
a su fiscalización. Tal vez sea preferible una mayor flexibilidad en esta
materia y permitir que el legislador determine cuáles serán esos
organismos, partiendo de la base de que coincide en que esta fiscalización
no debe ejercerse en la forma amplia en que lo establece la Constitución,
por lo menos respecto de las llamadas empresas del Estado, dadas las
razones hechas valer aquí en una sesión anterior,
El artículo 2°, que también le parece bien, en principio, dice:
“Estará a cargo de un funcionario llamado Contralor General de la
República.
El Contralor General de la República será designado por el Presidente
de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, y tendrá la
inamovilidad y responsabilidades de los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia”.
En la actualidad, acota, el artículo 4° de la ley 10.336 establece
que tiene la inamovilidad de los magistrados de los tribunales superiores
de justicia; no se refiere a los ministros de la Corte Suprema.
El artículo 3° no se justifica, a su juicio, como preceptiva
constitucional. Señala:
“El Contralor General dispondrá por medio de resoluciones en los
asuntos que sean de su competencia.
En los casos que informe a petición de parte, lo hará por medio de
dictámenes”.
ción.
Esta es materia legal y, por eso, debería suprimirse esta disposi-
El artículo 4°, relativo al control jurídico, lo enfocaría y lo redactaría,
más o menos, de la siguiente manera: “En el ejercicio de la
función de control jurídico, el Contralor General de la República velará por
la recta aplicación del derecho que haga la Administración del Estado”.
Habría que agregar, si se van a crear los tribunales administrativos, “sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a los tribunales que
conozcan de lo contencioso-administrativo”. Y, a continuación, desde
luego, suprimiría todo lo que sigue: “… encontrándose facultado, en
consecuencia, para dirigirse a cualquier autoridad pública y recabar de
ella el cumplimiento íntegro y cabal de las normas que rijan la
organización, funcionamiento y finalidad de los organismos públicos, bajo
apercibimiento de derecho”; “El Contralor General, en los mismos