Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor LORCA apunta que no hay que olvidar un aspecto que
estima bastante relevante para analizar esta materia. La Constitución de
1925 señalaba específicamente: “Habrá Tribunales Administrativos”,
etcétera; o sea, destacaba una diferencia muy clara entre los Tribunales
mencionados en el artículo 80 y los referidos en el artículo 87. Por lo tanto,
si no se incluye claramente a esos Tribunales en el artículo que configura
toda la estructura judicial chilena, su texto no quedaría perfecto. A su
juicio, la razón dada por el señor Bertelsen, de considerar a esos Tribunales
apartes, en cierto sentido, es bastante atendible, porque la propia Carta de
1925 hacía el distingo: primero, hablaba de Tribunales Civiles y Criminales
y, luego, en el artículo 87, de Tribunales Administrativos.
Comprende lo manifestado por el señor Eyzaguirre en el sentido de
que el concepto de “civil” no debe restringirse (porque ésa es la idea: que
debe comprenderlo todo). Pero dada la estructura y, sobre todo, la historia
de estos Tribunales en Chile, estima importante darles relevancia en este
artículo —ya que se suprimirá el artículo 87— que establece toda la
organización judicial chilena.
El señor CARMONA está de acuerdo con la proposición hecha por el
señor Guzmán, porque si bien, analizadas las cosas, resultaría innecesario
agregar lo contencioso-administrativo, por estar incluido dentro del
concepto de “causa civil”, no es menos cierto que, dada la historia de todas
estas disposiciones constitucionales y el hecho de que haya existido el
artículo 87 en la Constitución de 1925, puede prestarse a dudas que es
mejor aclarar definitivamente.
En cuanto a otra materia. El, en cierto sentido, expresa no estar de
acuerdo en separar lo relacionado con el cumplimiento de las sentencias de
lo contencioso-administrativo y elevarlo a principio constitucional que van a
tener un tratamiento separado del resto de las causas civiles. No se explica
la razón de ello. Sabe que existen disposiciones legales en este momento
que hacen necesario un decreto del Ministerio de Hacienda para poder
cumplir una sentencia contra el Fisco,
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) anota que se
trata de causas de hacienda.
El señor CARMONA concuerda con ello, pero insiste en que tales
materias no deberían elevarse a principio constitucional. A su juicio, es
indispensable por lo menos establecer en la Constitución una relativa
igualdad ante la ley. Si al común de las personas, cuando litiga, le hacen
cumplir las sentencias, no ve por qué el Fisco va a tener el privilegio de
cumplir las sentencias cuando se le ocurra. Entiende que la ley debe
adecuarse al principio constitucional, pero no el principio constitucional a la
ley. Mientras el Fisco no tenga que cumplir las sentencias, y; sobre todo,
ahora que habrá la posibilidad de litigar en lo contencioso-administrativo —
para ello existirán tribunales adecuados—, es partidario de no crear un
resquicio que imposibilite la justicia en este campo.