Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

se ha señalado el caso de CODELCO, Línea Aérea Nacional, Empresa
Nacional del Petróleo, y otras que deben ser dirigidas con ágil sentido
comercial, o con criterio similar al de otras empresas particulares.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que, efectivamente, y como
lo ha hecho presente el señor Carmona, el tema ha sido planteado más de
una vez en la Comisión, y la verdad es que algunos de los señores
Ministros que han tenido oportunidad de escuchar, como el Ministro
Presidente de CONARA y el Director de ODEPLAN, se han manifestado
contrarios a la posibilidad de que la Contraloría extienda su fiscalización a
esas empresas que, en cierto modo, poseen también las características de
las empresas privadas, y, muchas veces, están llamadas a competir con
éstas.
El señor GUZMAN (Superintendente de Compañías de Seguros y
Sociedades Anónimas) señala que excluyendo el caso específico de Línea
Aérea Nacional, —cuya supervigilancia ya no les corresponde por haber
sido enmendado el decreto ley Nº 3, de 1959, que la sometía a su tuición,
al ser modificada la ley orgánica de la Contraloría—, en general, el
manejo operacional, económico y financiero de las empresas del Estado,
estén o no dirigidas por CORFO, o que su forma de organización jurídica
sea la de sociedades anónimas, no compete a la Superintendencia que
dirige. Esta sólo debe controlar que ellas cumplan las disposiciones de sus
estatutos, la ley y reglamentos de sociedades anónimas, en cuanto se
refiere a la oportuna confección de los balances, realización de las juntas
de accionistas dentro del período considerado en sus propios estatutos —
cuatro meses después del cierre del balance—, y de que lleven una vida
conforme a lo que es una sociedad anónima. Lamentablemente, ha
sucedido que en forma tradicional el cumplimiento de esas exigencias no
ha sido el más perfecto. Hay una serie de disposiciones legales que
obligan a las sociedades anónimas a enviar diversos detalles a la
Superintendencia, como la lista de accionistas —generalmente, se
reducen a dos— o la lista de directores, o el cambio de ellos, a fin de que
puedan certificarlo, y dar cumplimiento a la obligación legal, de acuerdo
con el artículo 110 del decreto ley de la ley orgánica de ese organismo.
Por lo demás, esto constituye plena prueba judicial y extrajudicial. Sin
embargo, muchas veces han certificado directorios que ya están
totalmente revocados, o cambiados en porcentajes más o menos amplios.
En cuanto a la fiscalización, agrega el señor Guzmán, debe hacer
presente que, con el contexto actual, con la formación actual de la
Superintendencia, es absolutamente imposible efectuar una fiscalización
oportuna, y más que oportuna, eficiente, por cuanto con los elementos de
juicio que se les proporcionan, toda la Superintendencia debería estar al
frente en una fiscalización de esa clase, Por ejemplo, en estos momentos
les corresponde controlar —no fiscalizar— la Caja Reaseguradora de Chile
y el Instituto de Seguros del Estado, cosa que en la práctica es imposible,
ya que dispone de una planta autorizada de 72 personas, pero están
trabajando con 65, y han llamado a concurso para llenar las vacantes.
Esta planta se debe a las disposiciones del Ministerio de Hacienda, pero